El firmante de los protocolos de residencias reconoce ante la jueza que no hubo medicalización, según la acusación | Noticias de Madrid
Carlos Mur, un alto cargo clave en las decisiones de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha reconocido ante una jueza que un hombre mayor enfermo murió en una residencia sin recursos adecuados, según ha dicho a los medios la abogada de la acusación. Su declaración, a la que no tenía acceso la prensa, es la primera que hace como imputado en uno de los múltiples juzgados de la región que investigan la crisis de 2020 en las residencias de mayores, cuando la Comunidad elaboró unos protocolos de triaje que limitaron drásticamente las hospitalizaciones. Ni Mur ni su abogado han hablado con los periodistas.
Este reconocimiento es relevante para los hijos de los fallecidos en cuanto que buscan demostrar que sus padres sufrieron discriminación en el acceso a la sanidad. La abogada acusadora, Alejandra Jacinto, ha relatado a los periodistas que Mur ha asegurado que los protocolos tenían sentido en tanto en cuanto las residencias fuesen medicalizadas, pero sin embargo ha reconocido que al menos en este caso concreto esa medicalización no se produjo.
Según Jacinto, Mur ha dicho “que la plantilla médica que tenía la residencia, a pesar de contar con médico en turno de mañana y en turno de tarde, pero no los fines de semana ni por las noches, no era suficiente, y por tanto no considera que esa residencia fuese medicalizada”.
Los jueces analizan caso por caso las muertes porque la causa no ha sido agrupada en un solo órgano judicial. En este caso, investigado por el juzgado de instrucción 23, la jueza indaga sobre la muerte de Ángel Armingol, que falleció sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón.
Mur ha hablado durante unos 40 minutos por videoconferencia desde Andorra, donde reside. Ha respondido a preguntas de su abogado, de la fiscal y de la jueza, Sonia Agudo Torrijos.
En estos casi seis años, Mur había declarado antes como testigo y en el parlamento pero nunca como imputado. Mur es un psiquiatra aragonés de 49 años que al llegar la pandemia ostentaba el puesto en la Consejería de Sanidad encargado de conectar el sistema sanitario autonómico con las 475 residencias de mayores de la región, el de director general de coordinación sociosanitaria.
Esta cita se produce después de que un médico que participó en la elaboración de los protocolos de triaje incriminara a Mur en una declaración en diciembre, al decir que se opuso a ellos por considerarlos discriminatorios, según reveló entonces la abogada de las familias, Alejandra Jacinto. Sobre esto, esta letrada ha dicho hoy que ha “devuelto la pelota”, al decir que él firmó los protocolos, pero que fueron los geriatras liderados por Peromingo quienes redactaron las cuatro versiones.
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