El ex alcalde de Lebrija fue a Perú enviado por la Faffe, pese a que ni iba a las reuniones de los directivos ni tenía despacho en la Fundación de la Junta


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Antonio Torres, alcalde de Lebrija durante 24 años, viajó a Perú para impartir una conferencia, enviado por la Faffe, la fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, donde estuvo en nómina durante ocho años, con un puesto directivo con el que percibió casi medio millón de euros. Así lo ha detallado este martes un testigo en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra Torres, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de recibir un sueldo con dinero público “sin hacer nada”.

El testigo -el ex directivo de la Faffe Juan Carlos Díaz– también ha reconocido que Antonio Torres jamás acudió a los comités de dirección que convocaba la Faffe todos los lunes, a los que él mismo solía asistir. A estas reuniones iban la decena de mandos que había en el organigrama de esta fundación pública, que dirigió Fernando Villén, que también se sienta en el banquillo acusado de enchufar al ex alcalde y proporcionarle un sueldo público, sin desempeñar tarea alguna. Villén, antiguo integrante de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, fue condenado en septiembre de 2023 a seis años de cárcel por gastarse 32.556 euros de dinero público de la Faffe en prostíbulos.

El ex alcalde tampoco contaba con un despacho en la sede de la Faffe ni fue visto allí por Juan Carlos Díaz, que ha detallado que tan solo tuvo un par de contactos con Torres. Uno de ellos fue, precisamente, para que viajara a Perú a impartir una conferencia por su “perfil” de “persona experta” en “políticas públicas”.

Ante la insistencia del interrogatorio para que aclarase “en calidad de qué” acudió a Perú y qué tipo de vinculación tenía con la Faffe, el testigo ha respondido que desconocía el vínculo laboral entre el ex alcalde y la fundación de la Junta de Andalucía y que también ignoraba las “competencias” concretas de Torres.

Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Villén, ex director general de la Faffe, creó un puesto “ad hoc” para el ex alcalde de Lebrija, con el “grandilocuente nombre de dirección de relaciones externas“. “Este departamento es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho, el acusado no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno“, subraya el escrito de acusación. Esta tesis se ha visto corroborada, en parte, por el testigo.

La Fiscalía acusa a Torres García y Fernando Villén de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para el ex director de la Faffe solicita una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, mientras que para el ex alcalde de Lebrija pide dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como “cooperador necesario” de prevaricación y malversación.

La Faffe fue creada en 2003, durante la etapa del condenado por los ERE José Antonio Viera como consejero de Empleo. Se extinguió en 2011, pero todos sus trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esta fundación actuó casi como una agencia de colocación para familiares, allegados y ex dirigentes socialistas. De hecho, la Faffe pasó de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700 en los ocho años que estuvo en funcionamiento. La teórica misión de esta fundación pública era, además, combatir el desempleo impartiendo cursos de formación. Como viene informando EL MUNDO, un juzgado está investigando la red de enchufes en este ente público.





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