El crimen de la educadora de Badajoz “no fue un arrebato puntual, estaba planificado”
Raúl Montaño es el abogado que ha contratado la familia de la educadora Belén Cortés, de 35 años, asesinada en la noche del pasado domingo en un piso tutelado de Badajoz y por el que dos varones menores de 15 años y 14 años -ambos naturales de la provincia de Badajoz, en concreto de Villafranca de los Barros y de Don Benito, respectivamente- y una chica, de 17 años, han sido acusados de los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial, ya que cogieron el vehículo de la víctima y huyeron con él del lugar de los hechos hasta que sufrieron un accidente cerca de la ciudad de Mérida.
El letrado reconoce que se encuentra «impactado» por la «violencia tan cruel» que supuestamente emplearon los menores contra su educadora , quien llevaba unos tres años ejerciendo en este trabajo. Presuntamente, la que golpearon brutalmente y, posteriormente, estrangularon con un cinturón alrededor de su cuello. Además, tras matarla, le habrían robado todo lo que llevaba encima, incluido su teléfono móvil.
Montaño aún conoce aún los detalles de la declaración que prestaron los tres acusados en el Juzgado de Instrucción nº1 de Badajoz. Al ser menores, hay un especial celo con este asunto por parte de las autoridades judiciales y, asegura, no le han trasladado las diligencias de las actuaciones. Pero sí destaca que en sus años de profesión como abogado le resulta difícil encontrar un caso de similares características. «Una cosa es dar un golpe, o algo parecido, pero la forma en que se emplearon con ella es una verdadera bestialidad», dice.
Como consecuencia de ello, no encuentra explicación posible a esta actuación. ¿Por qué emplearon tanta violencia cuando, en principio, no había ningún motivo para ello? Es la gran pregunta aún sin respuesta, tampoco para él: «La querían, se llevaban bien con ella y ese cariño era recíproco», asegura.
Es muy difícil de entrar en la mente humana, mucho menos en la de menores, pero para el abogado, según su primera evaluación, el asesinato «estaba planificado». Tampoco pueden alegar los menores que antes del crimen hubieran ingerido drogas o alcohol. Lo descartan fuentes de la investigación a este periódico y a su vez lo confirma el propio letrado. «No, no, en ese momento, por lo menos, no, y tampoco fue un arrebato puntual», dice en base a cómo se produjeron los hechos: brutales agresiones y el ahorcamiento final con el cinturón.
Raúl Montaño insiste en que «no había ningún conflicto conocido entre ella y los menores investigados por su muerte», lo que no significa, que, debido a su trabajo, la educadora presentara, cumpliendo el protocolo, algunas «incidencias» respecto a la actitud y el incumplimiento de las normas establecidas en la vivienda tutelada por parte de los menores implicados.
Así, el trabajo que realizaba Belén Cortés, según explica el letrado, se centraba en ocuparse de que cumplieran con los horarios establecidos en este régimen de semilibertad que impone la Fiscalía de Menores: «Ella sobre todo vigilaba que se cumplirá la hora de la comida, de la cena, los descansos o el momento de dormir, pero poco más».
Asegura que no se producían reproches por el mal comportamiento de los menores en el día a día, como sus reiteradas fugas, o las reiteradas infracciones delictivas. La relación entre estos menores y la educadora tampoco era dilatada el tiempo, «alrededor de un mes» sobre todo con el de 15 años, que, tras la reincidencia en sus delitos y huidas, ya no estudiaba en Mérida -antes lo hizo en Villafranca- y había ingresado en la vivienda tutelada de Badajoz, cumpliendo así las medidas judiciales impuestas: pertenecer a un «grupo de convivencia», denominación que se emplea para describir el régimen que seguía, junto a otros menores, bajo el mismo techo.
Con respecto a las posibles medidas judiciales que va a solicitar la familia de la educadora asesinada, el abogado señala que «aún es pronto para determinarlas porque estamos aún en una fase muy inicial» del proceso, todavía con el «tremendo dolor» de sus padres -«llevan dos noches sin dormir»-, y sin que se conozcan los resultados de la autopsia que se ha realizado.
En cualquier caso, el abogado asegura a EL MUNDO que la muerte de Belén «tiene que tener consecuencias porque, sin lugar a dudas, el sistema ha fallado y debe cambiarse». En su valoración, las medidas de prevención establecidas en la actualidad «no se están cumpliendo». Ahora, asevera que luchará, junto a la familia de la víctima, para que la muerte de Belén pueda servir para que «no se produzcan más», se «cambien los protocolos y, si es necesario, la Ley del Menor».
Finalmente, Montaño resalta que la educadora murió «en su puesto de trabajo», por lo que no entiende cómo, «de inmediato, no se haya presentado nadie de la Inspección de Trabajo» en el interior de la vivienda para realizar el correspondiente análisis de lo ocurrido.
