El Constitucional anula las limitaciones que la Comunidad de Madrid introdujo en la capacidad de actuacin de las asociaciones LGTBI
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del Gobierno central contra la decisin de la Comunidad de Madrid de limitar la capacidad de las asociaciones LGTBI de intervenir en procedimientos penales o sancionadores.
El recurso se diriga contra uno de los puntos de la reforma que en 2023 el Gobierno de Isabel Daz Ayuso introdujo en la rebautizada como “Ley de proteccin, igualdad efectiva y no discriminacin de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid”.
El apartado impugnado supona desactivar la norma anterior -aprobada tambin por el PP- que estableca que “las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promocin de derechos humanos” eran titulares de “intereses legtimos colectivos” y por tanto podan actuar en los procedimientos abiertos relacionados con esta ley.
La reforma aadi que esa legitimacin automtica que daba la ley para intervenir no se aplicaba en asuntos penales ni sancionadores. En adelante, la decisin de si podan o no participar en el asunto debera tratarse en cada caso concreto.
A juicio del Constitucional, esa precisin choca con dos normas estatales que fijan la “legislacin bsica” sobre la legitimacin en esos procedimientos, que corresponde solo al Estado. Se trata de la Ley de Procedimiento Administrativo Comn y de la Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminacin.
La reforma legal de la Comunidad de Madrid parcialmente anulada se aprob en diciembre de 2023, unos meses despus de la entrada en vigor a escala nacional de la conocida como Ley Trans. En la exposicin de motivos de la norma autonmica se precisaba que se queran introducir algunos retoques al texto de 2016 para corregir ciertos “excesos” de la redaccin original y “evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminacin se convierta en un instrumento de ingeniera social, que confunda ciertas doctrinas de parte con los derechos fundamentales”.
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Ramn Sez Valcrcel, se conocer en los prximos das contar con el voto particular de Jos Mara Macas. La aplicacin del precepto ahora anulado haba sido suspendida por el TC a peticin del Gobierno central.
