El Colegio de la Abogaca de Madrid pide enviar al Supremo los “indicios” contra Garca Ortiz por la filtracin de datos del novio de Ayuso
El Colegio de la Abogaca de Madrid (ICAM) ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) que enve al Tribunal Supremo la causa abierta por la filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso.
El ICAM, que se encuentra personado en este procedimiento, solicita al instructor que eleve exposicin razonada al Alto Tribunal ante los “indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado”.
Se da la circunstancia de que lvaro Garca Ortiz, quien dio la orden de distribuir a los medios de comunicacin los datos reservados de la pareja de la presidenta madrilea, se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La causa, incoada por un delito de revelacin de secretos, se dirige en la actualidad contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, y el fiscal de Delitos Econmicos Julin Salto. Ambos se desvincularon ayer de la elaboracin y distribucin de la nota de prensa donde se airearon los detalles del pacto de conformidad que el empresario Alberto Gonzlez Amador estaba negociando con la Fiscala de Madrid.
Tras desvelar EL MUNDO que la orden de remitir a los medios de comunicacin los datos que afectaban al novio de Ayuso, el fiscal general asumi pblicamente la “responsabilidad ltima” de lo sucedido. Adems, pese a que se abstuvo de intervenir en el procedimiento, remiti un escrito al TSJM sealando que la competencia para investigar su actuacin corresponde al Alto Tribunal.
Por su parte, el ICAM -que se enfrent al Ministerio Pblico que capitanea Garca Ortiz por su inslita actuacin- ha calificado esa nota de prensa como “una grave una violacin de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogaca y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debera salir nunca a la luz pblica, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo”.
Su decano, Eugenio Ribn, ha subrayado “la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situacin como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la proteccin de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La proteccin de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio ser firme ante cualquier vulneracin del mismo”.
