El CGPJ alerta de que el Gobierno quiere rebajar la proteccin del secreto profesional de los periodistas con una reforma llena de «insuficiencias y fallas»
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dispone a aprobar un informe muy crtico con el anteproyecto de ley con el que el Gobierno quiere regular el secreto profesional de los periodistas.
El texto que se llevar al pleno de este jueves indica que la redaccin planteada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes incluye «insuficiencias y fallas» en varios apartados y que en ocasiones rebaja la proteccin actualmente vigente de ese secreto profesional. Lo hace incluso estableciendo un estndar que queda por debajo del Reglamento sobre la materia que acaba de aprobar la UE y que es de obligado cumplimiento.
La propuesta de informe ha sido consensuada por una vocal del bloque progresista, Luca Avils, y otra del sector conservador, Isabel Revuelta, lo que implica que contar con apoyo suficiente para salir adelante.
El documento comienza resaltando que la proteccin del secreto de las fuentes periodsticas «es una garanta indisolublemente unida al derecho a la libertad de informacin». Y que, «de no existir tal garanta, la capacidad de los medios de comunicacin de obtener informacin relevante para ser publicada se vera seriamente mermada por el miedo, la inseguridad o el desaliento de quienes tienen esa informacin y estaran en condiciones de compartirla con los profesionales de la informacin para que viera la luz». Pese a esa relevancia y a que lo impone la Constitucin, el legislador an no lo haba regulado.
«Tanto en la exposicin de motivos como en el articulado se aprecian insuficiencias y fallas que deberan ser necesariamente reconsideradas», indica el informe jurdico en su arranque, antes de entrar en el detalle de su escaso articulado (una exposicin de motivos, seis artculos, una disposicin adicional y cinco disposiciones finales».
Objeta que, pese a que el anteproyecto tendra que dejar claro que sus normas solo pueden ofrecer un nivel «ms elevado» de proteccin del secreto profesional respecto de lo fijado en el Reglamento de la UE, lo cierto es que «la actual redaccin de los artculos 5 y 6 […] en relacin con los lmites a los que se sujeta el ejercicio del derecho, aun cuando invoca las previsiones del Reglamento y hace traslacin de las mismas, comporta una proteccin ms dbil de la que ofrece y debe ofrecer nuestro ordenamiento jurdico». Es decir, que lo que recoge actualmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece mayor proteccin que lo que pretende introducir el anteproyecto, explican las vocales.
Las crticas continan, resaltando que se hace «imprevisible» para los periodistas «saber qu fines justifican la restriccin del derecho» y «cules son las reglas» para saber qu derecho prevalece cuando entra en conflicto con otros. Eso implica que el anteproyecto no cumple con las exigencias de «claridad y precisin» que marcan tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Constitucional.
Otro de los artculos genera «perplejidad» a las ponentes, ya que pone ms lmites al juez penal que a los de otros mbitos a la hora de limitar el derecho del periodista, algo que en todo caso debera ser al revs.
El informe indica que la cuestin de los lmites previstos al derecho «debera revaluarse» para dar «mayor certidumbre» a los casos en que se pueden adoptar medidas para limitar el derecho. Consideran que se debera «aclarar si el inters constitucional en la averiguacin de los hechos y la identificacin del delincuente, esto es, el inters en la persecucin y castigo del delito, constituye un fin legtimo y en qu supuestos para la imposicin de restricciones al secreto profesional».
Las vocales lamentan que se pretenda dejar en manos del juez la tarea de identificar cundo se produce algo tan «indeterminado» y «especialmente abierto» como la concurrencia de «razones imperiosas de inters general» que recoge el texto para justificar las limitaciones al secreto profesional.
Otro de los artculos regula los casos en que se permite al juez la instalacin de «programas informticos de vigilancia intrusiva». Aqu el anteproyecto se limita a reproducir la norma europea, de modo que, en la prctica, «el nivel de proteccin del secreto profesional frente a este tipo de medidas resultara inferior que el que actualmente se deriva» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El informe se cierra con otra crtica: se ha perdido la oportunidad de regular una carencia detectada por el Constitucional, para garantizar que los periodistas pueden intervenir en el procedimiento en el que se limita su derecho al secreto pese a no ser ellos los directamente investigados. El aviso deriva de lo sucedido en el caso Cursach, en el que el juez se incaut ilegalmente de terminales de periodistas para intentar localizar filtraciones sobre la investigacin de la mafia policial en Mallorca.
