El Ayuntamiento de Móstoles no investigará al alcalde por las acusaciones de acoso por los votos en contra de PP y Vox | Noticias de Madrid
El Ayuntamiento de Móstoles no investigará internamente las acusaciones de acoso sexual y laboral al alcalde, Manuel Bautista (PP), por parte de una exedil de su partido, tras la negativa de Vox a crear una Comisión Especial de Investigación (CEI) para esclarecer “con total transparencia” los hechos y “depurar responsabilidades políticas”, como había solicitado el partido socialista. La propuesta ha sido rechazada en el Pleno ordinario de este jueves con los votos en contra de la formación de ultraderecha, el PP y el concejal no adscrito.
El pasado 10 de febrero, el PSOE de Móstoles ―con siete concejales en el Ayuntamiento― presentó la solicitud para crear la comisión porque habían “trascendido informaciones, testimonios y hechos de extraordinaria gravedad por parte del alcalde hacia una concejala de esta Corporación”. La petición, que fue remitida a alcaldía, también recoge que se han producido “comportamientos reiterados de insultos, hostigamiento, acoso y amenazas” de miembros del PP y de “cargos de confianza municipales”, lo que ha “creado un clima de intimidación absolutamente incompatible con los principios democráticos, la ética pública y el respeto debido entre representantes públicos”.
Nieva Machín, portavoz de de Vox, ha explicado por qué el partido, muy crítico hasta ahora con Bautista, con quien fueron socios de gobierno, ha votado en contra de la investigación: “No vamos a invadir el ámbito judicial, pero defendemos sin matices el Estado de derecho, la verdad debe determinarse en el juzgado. Creemos en la separación de poderes y la justicia tiene que investigar sin interferencia políticas; no constituye a este Ayuntamiento sustituir a los jueces y constituir un tribunal paralelo. Desde Vox defenderemos la legalidad, la transparencia y el respeto escrupuloso a las instituciones”.
El reglamento municipal establece que las comisiones de investigación las puede proponer el alcalde o una cuarta parte de los concejales. El Ayuntamiento de Móstoles, con 214.000 habitantes, lo componen 27 ediles, por lo que la propuesta de los siete del PSOE era suficiente para que se votara su puesta en marcha en el Pleno.
El Partido Socialista ha defendido su propuesta porque “es clara y jurídicamente garantista” y consideran que el Ayuntamiento “no puede permanecer en silencio ante esta situación”. Carlos Rodríguez ha comenzado así: “Quiero ser muy claro desde el inicio: este grupo municipal no viene a emitir condenas, no viene a anticipar juicios, ni pretende sustituir el trabajo que corresponde en exclusiva a los órganos judiciales”.
Es lo que han remarcado el resto de grupos, tanto a favor como en contra de la investigación: exigir responsabilidades políticas al alcalde y coherencia en el discurso ante casos de acoso ―muy diferente en función de si afecta al propio partido o al rival político― no interfiere con la presunción de inocencia. “No se trata de juzgar hechos que estén siendo objeto de investigación judicial. No se trata de interrogar sobre aspectos que correspondan a un eventual procedimiento penal. No se trata de invadir competencia, se trata de analizar el funcionamiento interno de nuestra institución, los protocolos existentes, los mecanismos de prevención de acoso, los planes de denuncia y si estos han funcionado”, ha añadido el concejal del PSOE.
Mónica Montreal, de Podemos pero parte del Grupo Mixto, ha señalado que la comisión “no busca prejuzgar ni sustituir a la justicia, sino garantizar que el Ayuntamiento actúe con la máxima claridad y rigor ante hechos de interés público”, porque la presunción de inocencia se mantiene “intacta”, pero que sí “es necesaria no solo para proteger a la ciudadanía y a las instituciones, sino también para poner en evidencia que la ejemplaridad de quienes ocupan cargos públicos es imprescindible”.
En la misma línea ha intervenido, Jesús Arrabé, de Más Madrid, que ha indicado que el partido sí apoyaba la investigación porque “se han de utilizar todas las herramientas que estén a su alcance y en su reglamento”, aunque existe ya una denuncia. “Pero también existe una fuerte dimensión política que nos atañe a este pleno como representantes y que esta comisión, en todo caso, sería una herramienta política más política para esclarecer lo sucedido”.
Este tipo de comisiones son un mecanismo de control político y de transparencia, y permiten a los grupos municipales solicitar documentos ―expedientes, informes, contratos y todo tipo de información vinculada al caso que se investiga―, y entrevistar a concejales, trabajadores, personal eventual o cualquier persona relacionada con el asunto a tratar, a quien deberá avisarse con 15 días de antelación y, en caso de urgencia, con un mínimo de tres. Una vez finaliza el plazo previsto, la CEI recoge lo averiguado en un informe o memoria, que se presentará en un Pleno ordinario para su debate y aprobación. Las conclusiones de la investigación no son vinculantes, pero si se detectan posibles delitos o responsabilidades de gravedad, sí pueden remitirse a las autoridades competentes.
El alcalde de Móstoles se enfrentó este martes, dos días antes de la sesión ordinaria, a un Pleno extraordinario solicitado en bloque por todos los grupos políticos, que exigieron de forma unánime, de Vox a Más Madrid, su dimisión, y le recriminaron, a él y al PP madrileño, el trato que han dado a una persona que fue compañera y que se dio de baja de su partido de toda la vida después de meses en los que pidió ayuda y recibió silencio o presiones para no denunciar. Bautista se escudó en que todo era “un bulo fabricado” y amenazó con que denunciará a quien ose manchar su nombre. No dijo nada sobre que el PP cerrara el caso sin escuchar a la víctima.
