El Ayuntamiento de Almeida usa la letra pequeña para castigar a la cultura independiente: “Van a por ti” | Noticias de Madrid


Laura Kumin tiene dos años para pagar al Ayuntamiento de Madrid más de 36.000 euros. Esta artista estadounidense de 69 años hace un esfuerzo para calmarse y explicar lo sucedido. No es fácil. Ha pasado noches sin dormir quebrándose la cabeza para averiguar cómo va a devolver ese dinero, que corresponde a 34.000 euros de una ayuda cultural que recibió en 2021, más otros 2.000 euros por intereses de demora. ¿Tendrá que hipotecar su casa?, se pregunta. Lo que más le inquieta es cómo va a mantener vivo el festival de danza contemporánea que lleva organizando en la capital desde hace 39 años y que es una referencia internacional, el Certamen Coreográfico de Madrid. “No solo pienso en conservarlo porque sea un proyecto mío”, explica ella una tarde reciente en su piso, donde cuelgan carteles de las pasadas ediciones. “Es un proyecto con una red de efectos y afectos muy grandes, y no quiero que muera por esto”.

Como ella, muchos artistas se han visto afectados en el último año y medio por un giro de mano dura del equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida en su política de subvenciones al mundo de la cultura. Como una apisonadora, la maquinaria municipal se ha puesto a revisar ayudas que en algunos casos se remontan a los tiempos de Manuela Carmena y está ordenando devoluciones basándose en incumplimientos de forma que se podían haber solventado con el mero envío de un papel. El Ayuntamiento asegura que debe cumplir la ley, pero abogadas especializadas en subvenciones culturales responden que estos castigos son desproporcionados. El Consistorio no informa de cuántas ayudas ha retirado, pero las letradas dicen que no han visto una oleada de reintegros como esta.

Las consecuencias son dramáticas para algunos artistas, que de por sí sufren precariedad. Poco ha importado que los proyectos subvencionados hayan recibido premios, como el documental La Grieta, sobre los desahucios municipales, o que tengan un reconocimiento en el extranjero, como el certamen de Kumin. “Les piden una devolución completa, en vez de ponderar el perjuicio causado al Ayuntamiento”, resalta la abogada Eva Moraga. “Son acciones poco sensibles con el tejido cultural de tu ciudad”.

Los problemas de Kumin tienen la causa en un documento que ella muestra en el ordenador de su dormitorio, que es su despacho de trabajo. Es un decreto de la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, del 22 de mayo de 2024. Le ordena que devuelva íntegros los 34.160, 92 euros que le concedieron en 2021, más 2.728,20 euros de intereses. El documento de 19 páginas resume un toma y daca durante meses entre ella y los técnicos municipales. El conflicto no se debe a que ella no organizara el festival de aquel año, que se celebró como otras ediciones en el centro Conde Duque, cercano a Plaza de España, como ha demostrado con vídeos, la recaudación de la taquilla o una memoria escrita. Lo que se discute son cuestiones de forma, como errores en los formularios de justificación de los gastos, o la falta de comunicación por parte de Kumin de un cambio en el presupuesto.

Ella es una veterana en esto de las ayudas a la cultura. Lleva media vida pidiendo subvenciones a diferentes administraciones españolas y conoce la realidad desde el otro lado porque entre 1989 y 1995 fue Asesora de Danza de la Comunidad de Madrid, puesto en el que diseñó contribuciones para el sector. “Jamás me habían pedido una devolución”, dice. De hecho, ninguna de las otras administraciones que también financiaron aquella edición de 2021 de su certamen le ha pedido que devuelva dinero ―la UE, el Gobierno central y la Comunidad de Madrid―.

“Obviamente, reconozco la necesidad de justificar correctamente un dinero público”, subraya. “Pero siento que este trato es injusto”. Por lo general, los técnicos entablan un diálogo con los beneficiarios, a quienes avisan cuando detectan errores. Pero ella y otros afectados entrevistados por EL PAÍS dicen que desde 2023, cuando asumió el cargo Rivera de la Cruz, esos funcionarios se han vuelto hostiles. “No soy la única que tiene la sensación de que van a por ti”.

Rivera de la Cruz, que antes de asumir el cargo municipal fue consejera de Cultura en el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, ha declinado una entrevista. Su portavoz explica: “la delegada no puede entrar a valorar cuestiones administrativas”.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el mes pasado durante la presentación de una exposición del artista francés Pol Taburet (izqda).

El portavoz dice que no se ha dado directriz alguna a los funcionarios: “El Ayuntamiento solo está haciendo cumplir la norma de unas ayudas que se dan con dinero público”.

El giro en la política municipal ha tensionado la relación con el sector de la cultura no comercial, que se siente agraviado por Almeida desde hace tiempo. Un caso polémico fue la reubicación en 2021 de MediaLab Prado, un centro cultural innovador y vibrante que fue trasladado desde su sede junto al Paseo del Prado hasta el centro cultural de Matadero, y que desde entonces ha perdido relevancia como espacio de participación ciudadana. Además, asociaciones culturales se quejan de que se está “dejando morir” el Consejo de Cultura, un órgano participativo ideado por Carmena.

“Nos ven como rojos”, dice Rafael Peñalver, presidente de la principal asociación de pintores, escultores o videoartistas de Madrid, Avam. “No se dan cuenta de que representamos a montones de artistas apolíticos e incluso de derechas”. Peñalver dice que un ejemplo de ese sesgo es que Avam debió abandonar Matadero en 2023 desde donde operaron sin coste durante 16 años. “No quieren a gente de forma gratuita. Todo lo alquilan”.

Nadie sabe cuántos afectados hay. Por el boca a boca, algunos han entrado a un grupo de WhatsApp llamado Violencia Burocrática que cuenta con 25 miembros. En octubre, solicitaron por carta una reunión con Rivera de la Cruz, quien no ha respondido. Están en contacto con Más Madrid. Edu Rubiño, concejal de ese partido, dice que esto se habría evitado si Almeida hubiera abierto la Oficina de Ayuda a la Creación, una propuesta que llevaron al pleno de Cibeles en 2022, pero que fue rechazada por el PP. “La mayoría de profesionales de la creación y la producción cultural desconocen las ayudas, subvenciones y recursos públicos o cómo acceder a ellos”, afirma Rubiño. “Yo le digo a Almeida que es buen momento para rectificar”.

Deporte de riesgo

Las ayudas públicas son fundamentales para muchos proyectos de notable impacto que no siempre ofrecen una rentabilidad económica directa. Miles de artistas en Madrid compiten por dinero de distintas administraciones y el Ayuntamiento es una fuente clave desde la era Carmena, cuando se dio un impulso a la cultura no comercial, después de una sequía durante el mandato de Ana Botella (PP). El Ayuntamiento de Almeida destina una línea de subvenciones al tejido cultural que incluye dinero para la creación (7,5 millones de euros para 2022-25), para salas de pequeño formato (3,7 millones), espacios independientes (3 millones) o para festivales (6,6 millones).

Competir por una subvención cultural se convierte en un deporte de riesgo cuando la administración se comporta inflexiblemente. Los juristas advierten de que no es lo mismo financiar placas solares que obras culturales. A la hora de verificar el cumplimiento, las administraciones a veces demandan el reintegro si los artistas han introducido cambios en el proyecto, algo usual en el proceso creativo. Además, no es infrecuente que el dinero llegue con retraso, y que la obra no se pueda ejecutar en plazo o en los términos originales. A esto se suman los numerosos trámites y un lenguaje técnico de difícil comprensión.

“Sería recomendable que desde las administraciones se tuvieran en cuenta estas circunstancias y se idearan mecanismos para evitar que las empresas y entidades culturales se vieran inmersas en procedimientos de reintegro o, incluso, sancionadores, por causas ajenas”, valora Rocío Mena, abogada de Gabeiras, un despacho madrileño especializado en cultura.

Para artistas que viven al día, como la coreógrafa Mamen Agüera, de 53 años, la orden de devolución ha sido devastadora. Le piden 13.000 euros, la ayuda más intereses de un proyecto de danza sobre mujeres represaliadas durante el franquismo, Presas del olvido, que ella y su grupo de bailarinas llevaron a cabo en 2018. Actuaron en Surge Madrid, el festival de artes escénicas de la Comunidad, y entraron en la cartelera de un teatro alternativo, La Puerta Estrecha.

Mamen Agüera se gira hacia la cámara mientras hace fila con otras mujeres republicanas durante la representación de 'Presas del olvido' en el festival Surge Madrid 2018.

La orden, firmada por Rivera de la Cruz el 11 de junio del año pasado, la desestabilizó. El Ayuntamiento se basaba en que Agüera pidió 33.574 euros. Como le dieron solo una tercera parte y ella no rectificó el proyecto a la baja, los técnicos le informaron de que había un porcentaje no ejecutado de un 69,17%. De poco sirvió que ella les dijera que había cumplido con lo prometido, estirando los recursos disponibles.

“De repente me piden 13.000 euros, cuando lo que tengo ahorrado son apenas 3.000 euros”. Consternada, se mudó a Mallorca. Ha interpuesto un recurso judicial con una abogada de oficio y ha encontrado trabajo en una joyería. Busca “un reinicio mirando el mar”.

Kumin también ha recurrido. Mientras espera al juez, organiza su certamen, que se celebrará del 3 al 7 de diciembre. El dinero del Ayuntamiento es importante, pero no el único. Como todos los años, ha pedido ayudas a distintas administraciones para alcanzar un presupuesto que supera los 100.000 euros. Los necesita para los viajes y manutención de la veintena de compañías participantes, el salario de los técnicos o la promoción.

¿Y si falta dinero? Suspira, antes de decir que encontrará maneras de ajustarse. “Es tanta la pasión que siento por esto, que no quiero dejarlo”.

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