El acta de diputado blinda por ahora a Ábalos de las acusaciones de Aldama

El material aportado por el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo da lugar a nuevas líneas de investigación en el denominado caso Koldo, entre ellas la presunta corrupción que habría emanado del Ministerio de Transportes a través concesiones de obra pública cuando el ex secretario de Organización del PSOE estaba al frente de esta cartera. Además, los papeles de Aldama también abren otro nuevo frente judicial a Ábalos por la adquisición de un piso de lujo para el ex ministro de Pedro Sánchez en el Paseo de la Castellana, en Madrid, donde se repite la operativa de la compra del chalé de La Alcaldeisa, en la Línea de la Concepción (Cádiz), disfrutado por el ex ministro.

Sin embargo, la ventaja con la que cuenta en estos momentos Ábalos es su acta de diputado. Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO consideran que existen «indicios sólidos» de la comisión de varios delitos de corrupción por parte del ex hombre fuerte del PSOE y el Ejecutivo. No en vano, el Tribunal Supremo decidió abrir causa al diputado por graves delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos.

Sin embargo, estas fuentes consideran que para poder avanzar en la investigación, en aras de acreditar la comisión de los citados delitos, es imprescindible realizar una investigación patrimonial sobre el aforado. No obstante, para practicar esa diligencia clave es necesario que el Congreso de los Diputados conceda primero el suplicatorio al Alto Tribunal.

De momento, el instructor de la causa, Leopoldo Puente, ofreció la semana pasada a José Luis Ábalos declarar de forma voluntaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en aras de favorecer su derecho de defensa. El ex ministro en un primer momento accedió a tal pretensión aunque, posteriormente, pidió el aplazamiento de su comparecencia que estaba fijada para el próximo jueves en el Supremo. Ábalos ha argumentado que «para el estudio y preparación» del interrogatorio, dada la «extensión de la causa», considera conveniente el señalamiento del mismo en fechas posteriores.

De momento, el ex dirigente socialista no ha tenido la oportunidad de defenderse en sede judicial. Sin embargo, pese a la enorme expectación mediática que pueda despertar su primera comparecencia, los investigadores se muestran escépticos sobre la luz que pueda arrojar el ex ministro al esclarecimiento de los hechos.

Tal y como ha informado este periódico, Ábalos ha mostrado su intención de «desmontar» lo que dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la Fiscalía Anticorrupción y el propio Aldama. En este sentido, fuentes del caso recalcan que la instrucción de esta macrocausa «está todavía empezando» y que faltan «múltiples elementos» para poder determinar el alcance de la misma. De momento, jueces y fiscales coinciden en el papel determinante que jugó en el entramado corrupto el ex ministro con más poder en el PSOE dentro del Gobierno de Sánchez.

Además, la Fiscalía otorga credibilidad a la confesión y posterior aportación de pruebas de Aldama porque, entre otras cuestiones, el comisionista ha puesto de manifiesto que la trama corrupta operó que los negocios delictivos no se circunscribieron a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Entre las últimas revelaciones de Víctor de Aldama -que deberá declarar el próximo día 16- se encuentra «la operación por la cual adquiriría, sin contraprestación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid». Se trataba de la «garantía en favor de José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos». Todos ellos, «preadjudicados, esto es, decididos antes de su licitación».

«A tal fin se llegó a concretar el contrato -una especie de fiducia de garantía- el 24 de abril de 2019, un contrato de arrendamiento con opción a compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024». Según Aldama, es el mismo tipo de contrato que articularon con el chalé de la Línea de la Concepción.

Por otro lado, la defensa de Aldama entregó al Supremo un documento sobre el supuesto amaño de adjudicaciones en obra pública. En el mismo, aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos «ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas a quienes debían ser adjudicados» por parte del Ministerio de Transportes. «Se trataría de empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias», explicó el letrado José Antonio Choclán quien aseguró que «la investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en rosa».