El abogado de la UE se alinea con el Gobierno y allana la vuelta de Puigdemont

El abogado general de la Unin Europea ofreci ayer al Tribunal de Justicia de la UE una interpretacin de la Ley de Amnista compatible con la normativa comunitaria y que allana el regreso a Espaa de Carles Puigdemont sin riesgos penales. El ex president est pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso contra la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversacin por el que fue procesado.

El luxemburgus Dean Spielmann estima que la ley espaola no choca con los intereses financieros de la Unin ni con su directiva contra el terrorismo. Ni, sobre todo, se trata de una autoamnista, una interpretacin sostenida por la Comisin Europea que se llevara por delante la ley si fuera acogida por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE).

Las conclusiones del abogado general no vinculan al TJUE, pero son un elemento de peso en la redaccin de la sentencia. No hay fecha prevista para la resolucin de la Gran Sala.

En una entrevista a este diario, el presidente del TC, Cndido Conde-Pumpido, se refiri al trmite ocurrido ayer. La decisin del abogado general nos ser muy til tenerla en cuenta, afirm. El TC tiene previsto resolver el amparo del ex president en el primer cuatrimestre.

Los dos informes de conclusiones conocidos ayer responden a sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, que dudaron de que el archivo de los procedimientos que tenan en marcha fuera compatible con las normas de la UE. En la vista del pasado julio en Luxemburgo, Sociedad Civil Catalana (SCC) se opuso a amnistiar a 35 ex altos cargos de la Generalitat encausados por malversar fondos pblicos para el 1-O y Diplocat, alegando que chocaba con los intereses financieros de la UE. Y la Asociacin Catalana de Vctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) pidi seguir con el juicio a 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo.

En contra se posicionaron los encausados, representados en algn caso por el abogado habitual de Puigdemont, Gonzalo Boye. De la mano -la expresin fue del letrado en esa vista- fueron la Abogaca del Estado y la Fiscala. Fuentes del Ministerio Pblico mostraban ayer su satisfaccin por la postura del abogado general. Resaltaron que solo haba encontrado objeciones de procedimiento que ya se abordaron y resolvieron por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Ley de Amnista. Otras fuentes jurdicas atribuyen mayor calado a los reparos expuesto por el abogado del TJUE tras la luz verde general dada a la norma. Consideran que s dan margen para impedir o entorpecer la aplicacin de la amnista.

El abogado general se opone al plazo mximo de dos meses que se da a jueces y tribunales para aplicar la ley, al levantamiento automtico de las medidas cautelares que se hayan impuesto y a que nicamente se consulte a la Fiscala y a los afectados directos, y no al resto de las partes.

En respuesta a la cuestin prejudicial del Tribunal de Cuentas, el abogado general sostiene que la proteccin de los intereses financieros de la Unin no se opone a la extincin de la responsabilidad prevista en la Ley Orgnica de Amnista por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unin, puesto que no existe un vnculo directo entre esos actos y la reduccin, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposicin del presupuesto de la Unin.

El asunto de los fondos europeos es el que afecta a Puigdemont, al menos parcialmente. El Supremo rechaz amnistiar la malversacin por la que est procesado porque inclua su caso en una de las excepciones de la propia Ley de Amnista. Pero tambin porque su actuacin en el procs podra afectar a las finanzas comunitarias, consecuencia de su proyecto de independencia unilateral. Esta interpretacin es rechazada por el abogado general, lo que eliminara, de suscribirse en la sentencia del TJUE, uno de los obstculos para el regreso limpio del ex president. La otra objecin del Supremo persistira.

Puigdemont lleg a estar imputado por terrorismo en la causa de Tsunami Democrtic, pero el procedimiento se archiv. Sobre la que sigui adelante contra los CDR, el abogado general afirma que la amnista no priva de su eficacia a la directiva comunitaria sobre la materia y que excluye los delitos ms graves.

Parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliacin poltica y social y no constituye una autoamnista, afirma el escrito d e conclusiones referido a la Audiencia Nacional. La autoamnista fue introducida en el informe de la Comisin Europea sobre la norma, que consider contrario a la vigencia del Estado de derecho intercambiar apoyo poltico por impunidad.

De los autos del asunto no se deduce que las personas que se benefician de la amnista sean miembros o representantes del Gobierno o del poder legislativo que promovieran la aprobacin de la Ley de Amnista, de modo que no existe un vnculo directo entre el ejercicio del poder poltico y el beneficio de la medida. As pues, no cabe sostener, en mi opinin, que la ley suponga una autoamnista, afirma. Aade que es una ley de unas cortes democrticas, que est sometida a los jueces y que pretende dar respuesta a una situacin excepcional con un objetivo declarado de normalizacin institucional y reconciliacin.