Dos presidentes de empresas públicas con genética del PSOE y el ministro Planas, salpicados por la ex novia de Ábalos

Jéssica R., ex pareja de José Luis Ábalos, declaró este jueves en el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo. Y aunque en cada una de sus palabras se buscaba el rostro del ex superministro de Sánchez, o de su asesor Koldo García, incluso del hermano de este, Joseba, con quienes había estado relacionada por el pago de su piso de lujo o sus empleos fantasma, su declaración ante el magistrado dejó otros daños colaterales. Tienen que ver con sus salarios, sin ir a trabajar, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, filial de Tragsa. Estas compañías quedan definitivamente salpicadas y, de manera indirecta, a la espera de nuevas pruebas, la vista se vuelve hacia los responsables de estas firmas.

La investigación del caso Koldo subraya que el 23 de febrero de 2021, Ábalos envió un mensaje a su asesor donde Jéssica R. le alertaba de que su contrato en Ineco expiraba «en unos días». Koldo respondía: hay que «pasar a otro sitio y luego vuelve». Según las pesquisas, ella habría comenzado su relación laboral con Ineco en 2019. Tras el término de su vinculación a esa empresa de ingeniería, habría firmado, el 2 de marzo de 2021 -días después de los mensajes de Ábalos y Koldo-, con Tragsatec, donde permaneció en nómina seis meses, dos más que Ábalos en el Gobierno. Es decir, Jéssica R. estuvo dos años y medio a sueldo de empresas públicas, sin trabajar.

En el periodo que corresponde a la contratación de la ex novia de Ábalos, Ineco estuvo presidida por Carmen Librero Pintado, en el cargo entre septiembre de 2018, tras la moción de censura de Sánchez contra Rajoy en junio, y enero de 2022. En esa época, Jéssica R. habría cobrado como auxiliar administrativa, sin ejercer. La presidenta Carmen Librero, aunque ocupó puestos con el PP en el Gobierno -secretaria general de Transportes (2012-18)-, tuvo su mayor relevancia con Ábalos. De hecho, formó parte de la delegación que viajó a México en el ya célebre desplazamiento a Oaxaca del ex ministro junto al comisionista Víctor de Aldama. Un mes después, Jéssica R. se incorporó a Ineco, una empresa con más de cinco mil trabajadores y 443,5 millones de ingresos en 2023. Tras su salida en 2022, Carmen Librero fue recolocada como comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana, un cargo de nueva creación, ya con Raquel Sánchez como ministra.

El relevo de Librero en Ineco fue Sergio Vázquez Torrón, que se movió en el entorno de Ábalos durante toda su etapa en el ministerio, como jefe de Gabinete, presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre o secretario general de Infraestructuras. Abandonó el puesto meses después de la llegada de Raquel Sánchez.

Ineco, en su relación con Jéssica R., ofrece una curiosidad más. En el momento de su contratación, el director de Recursos Humanos era Jorge de San José, posteriormente director de Recursos Humanos de RTVE y protagonista del vídeo en el que se asomaba a una ventana para anunciar que se aplazaban las oposiciones al ente público tras la filtración del examen, hasta su reciente destitución, el pasado enero.

La otra firma pública salpicada por la declaración de Jéssica R. es Tragsatec, una empresa de ingeniería que forma parte del grupo Tragsa, incluido también en las corporaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que cuenta con la mitad de su accionariado. La tutela tanto de Tragsa como de Tragsatec corre a cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas desde 2018, que también de manera indirecta se ve señalado ahora por las revelaciones en la causa de su ex compañero de gobierno. En Tragsa, Jéssica R. trabajó durante seis meses, desde marzo de 2021. Habría permanecido en nómina hasta dos meses después de la salida de Ábalos de Moncloa y Ferraz. Hoy y entonces, Tragsa está presidida por Jesús Casas Grande, que llegó también inmediatamente después de la moción de censura de 2018. Su filial Tragsatec tiene como gerente en la zona de Madrid a Juan Pablo González Mata, pero su vinculación a la empresa trasciende a lo político, pues acumula ya más de tres décadas en la filial de Tragsa, un gigante con 23.124 empleados e ingresos 1.720 millones de euros en 2023.

Jesús Casas Grande ha ostentado a lo largo de su carrera diversos cargos dependientes del Ministerio de Agricultura, del de Medio Ambiente y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En los 80, dirigió los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel, entre otros cargos, y a finales de la década de los 90, fue responsable de Picos de Europa. Esa vinculación a Asturias le llevaría a un puesto en el gobierno del socialista Javier Fernández en Asturias, como Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, desde donde saltó a la presidencia de Tragsa, la compañía hermana de Ineco ayer en el Tribunal Supremo.