Doble golpe de Junts al Gobierno: fracasa el segundo intento de aprobar el “escudo social” y cae el decreto para topar precios en emergencias


Dos de cuatro. Ese es el balance con el que el Gobierno se va este jueves del Congreso. Traía el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuatro decretos a convalidar por la Cámara Baja: ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones, el “escudo social” y un texto para topar precios en situaciones de emergencia. Los dos primeros han salido adelante con un amplio apoyo del Congreso, pero no así los segundos. Haciendo gala de su decisión de romper con el Gobierno, Junts se ha desmarcado de la mayoría de investidura y ha sumado sus votos a los de PP y Vox para rechazar estos textos que, abandonados a su suerte, han decaído, asestando un golpe doble al bloque que encabeza Sánchez.

Si bien el fracaso del “escudo social” estaba anunciado -la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ya avanzó ayer en su cara a cara con el presidente del Gobierno que votaría en contra-, el Ejecutivo aún guardaba alguna esperanza de sacar adelante el decreto que le capacita para topar los precios de bienes o servicios en una situación de emergencia. Esta norma venía motivada por lo sucedido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), cuando, ante la interrupción de la alta velocidad entre Madrid y el sur de España, los precios de otros medios de transporte se dispararon. Sin embargo, ni Junts ha respaldado la medida -por considerar que da vía libre a intervenir el mercado- ni el PP ha facilitado su aprobación con una abstención. El resultado en ambas votaciones ha sido idéntico: 177 síes, 172 noes -PP, Vox y Junts- y una abstención -UPN-.

El ‘plan B’ con el “escudo social” también fracasa

Que no fuera esta la primera vez que el Congreso suspende el “escudo social” hace especialmente grave la derrota para el Gobierno, que ve también decaer su ‘plan B’. Las reducciones en el precio de la energía para personas con dificultades económicas, la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a quien no pague, las trabas a que las empresas que reciben ayudas públicas despidan empleados… y la suspensión de desahucios a ciudadanos vulnerables. Todo queda, de nuevo, congelado, al presentarlo otra vez el Gobierno como un “todo o nada”.

Junts ha unido este jueves sus votos a los de PP y Vox para impedir la convalidación del decreto que incluía estas prórrogas, como ya hizo hace exactamente un mes, cuando el Gobierno quiso sacar adelante estas medidas en un decreto ómnibus que también contemplaba la revalorización de las pensiones. Aunque en esta ocasión el Ejecutivo había separado esta última cuestión, logrando así su convalidación en el Congreso, los neoconvergentes siguen sin verlo suficiente y exigen trocear más el texto.

El escollo está en el escudo anti-desahucios contemplado en la norma y que recoge una prórroga, hasta final de 2026, de la suspensión de los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Esto, que a juicio de la diputada de Junts Marta Madrenas es una “penitencia indefinida para propietarios”, se aprobó por primera vez durante la pandemia, y desde entonces se ha venido extendiendo su vigencia año tras año.

“No vamos a validar una excepcionalidad eterna”, ha apuntado Madrenas durante el debate, señalando que Junts consideró esta medida “justa y ponderada” en el contexto de pandemia, pero no ahora. “El Gobierno no ha sido capaz de generar alternativas”, ha censurado la neoconvergente, acusando al Ejecutivo de no haber puesto en marcha medidas para reforzar el parque público de vivienda o reubicar a las personas vulnerables que fueran a ser desahuciadas. “Lo único que han hecho es cargar su responsabilidad sobre los privados, hacer pagar a otros su incompetencia”, ha criticado Madrenas.

El ‘escudo anti-desahucios’ no ha aglutinado el apoyo de Junts pese al “matiz” introducido en este: que la suspensión del lanzamiento no se aplicará a los pequeños propietarios -aunque, los que ya estuvieran suspendidos, lo seguirán estando-. Un “acuerdo de mínimos” que cuenta con el visto bueno del PNV que, manifestando sus dudas sobre esta medida, pactó incluir este “parche” para que “el resto de medidas no se viniera abajo”. A los neoconvergentes, sin embargo, sigue sin resultarles suficiente.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado de “avergonzar” a PP, Vox y Junts por su rechazo al texto. “Votar no a este decreto es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno”, les ha recriminado, asegurando que la norma no contempla “ni un solo beneficio” para los okupas. Secundando esas tesis, pero en un tono más duro, se ha expresado Aina Vidal (Sumar): “Vergüenza tendrían que tener”.

‘No’ a topar los precios en emergencias

PP, Vox y Junts también han impedido este jueves que el Gobierno saque adelante su iniciativa para prohibir que las empresas suban los precios en situaciones de emergencia “que alteren de forma excepcional la oferta y la demanda”. El Ejecutivo planteaba que, en estas coyunturas, los precios de bienes y servicios tuvieran que mantenerse por debajo del máximo que hubieran registrado en los 30 días anteriores.

El objetivo era proteger a los consumidores “ante los abusos que se han denunciado recientemente” en este tipo de situaciones de emergencia -accidente de tren en Córdoba, los incendios del pasado verano o dana de Valencia-. Sin embargo, Junts ha rechazado la iniciativa -junto a PP y Vox- al considerar que esta deja una puerta abierta a que el Gobierno intervenga el mercado.

Aprobada la revalorización de pensiones

El Congreso sí ha dado luz verde este jueves al decreto que contempla la revalorización de pensiones. El Gobierno acordó, a finales del año pasado, elevar un 2,7% las pensiones contributivas -de acuerdo con la inflación experimentada en los últimos doce meses-. Sin embargo, esta medida decayó hace un mes, cuando el Ejecutivo la sometió a votación como parte de un decreto ómnibus que incluía el ‘escudo social’ y la moratoria anti-desahucios. Ahora, por sí sola, la revalorización de pensiones ha reunido el de todos los partidos menos Vox.

Mayor consenso aún ha aglutinado el decreto que contenía las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona): todo el Congreso ha votado a favor -con la excepción, por error, de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero-.





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