Dimite Roco Gmez, concejal de Urbanismo de Alicante, tras conocerse que fue adjudicataria de una vivienda pblica en la Playa de San Juan
La concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante, Roco Gmez, del PP, ha anunciado este viernes su dimisin un da despus de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una de las viviendas pblicas de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigacin por posibles irregularidades en la concesin.
Gmez, que actualmente est de baja por maternidad, ha informado de que en los prximos das presentar oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribi en la cooperativa de las viviendas pblicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, “antes de entrar en poltica”, segn un comunicado del ayuntamiento.
La hasta ahora concejala de Urbanismo ha sealado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigacin pueda seguir su curso “sin interferencias de ningn tipo”, despus de haber aportado toda la documentacin que le ha sido requerida y dado que est de baja por maternidad.
Arquitecta de profesin y de 33 aos, Gmez llevaba dos aos y ocho meses al frente de la Concejala de Urbanismo de Alicante y ha repetido en la nota que entr en poltica en 2023, despus de formalizar su inscripcin en una cooperativa para acceder a una promocin de viviendas de proteccin pblica, de la que era la cooperativista nmero 18, en la Playa de San Juan.
Para saber ms
La decisin de la concejala del PP se produce un da despus de que se supiera que tanto ella como un arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de una alto cargo del consistorio, la directora general de Organizacin Interna, Contratacin Pblica y Gestin de Fondos, Mara Prez-Hickman, haban sido adjudicatarios de estas viviendas sociales en la Playa de San Juan, la primera promocin de inmuebles pblicos en la ciudad de los ltimos 20 aos. Esta segunda alto cargo tambin ha presentado su renuncia.
Al medioda de este viernes, el alcalde, Luis Barcala (PP), que gobierna en minora con apoyos puntuales de Vox, haba explicado que la concejala de Urbanismo haba recibido la condicin de adjudicataria cinco aos antes de llegar a la poltica y que “hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisin” relacionada con los hechos conocidos, pese a lo cual aadi que ha perdido un expediente de averiguacin de hechos para depurar responsabilidades.
En una intervencin sin preguntas, el alcalde ha sostenido que aplicar “la mxima contundencia” una vez tenga el informe municipal y que actuar “caiga quien caiga”, incluyendo la posibilidad trasladar a la Fiscala el contenido del expediente ante el menor atisbo de irregularidad.
Este asunto ha acaparado la actualidad poltica en la Comunitat Valenciana y el president de la Generalitat, Juanfran Prez Llorca, del PP, ha sealado que las personas que optaron a dichas viviendas “cumplan los requisitos”, aunque al mismo tiempo ha calificado de “muy grave” lo conocido.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernab, ha instado al alcalde a “asumir responsabilidades” por “un mal uso” del poder en la adjudicacin de viviendas pblicas y ha advertido de que “la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinnimo de privilegios”. En la misma lnea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevar a la Agencia Antifraude lo que considera un “pelotazo urbanstico” y ha concluido que se trata “del mayor escndalo” en la ciudad coincidiendo con “un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda Espaa”.
