Damnificados por la dana presentan una querella contra cinco cargos de la Generalitat y el presidente de la CHJ


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La gestin poltica de la dana que arras parte de la provincia de Valencia hace tres meses da un paso ms en los juzgados. La Asociacin de Damnificados L’Horta Sud de Valencia, que agrupa a un ms de un centenar de afectados, ha llevado a los tribunales una querella contra cinco altos cargos del Gobierno de la Generalitat Valenciana y al presidente de la Confederacin Hidrogrfica del Jcar (CHJ) por su inaccin el pasado 29 de octubre.

Entre los querellados no est el presidente Carlos Mazn, al que anuncian que llamarn a declarar como testigo en la fase de instruccin, pero s acusan a la ex consellera de Interior, Salom Pradas, el entonces el secretario autonmico Emergencias, Emilio Argeso, y a tres cargos que continan formando parte del equipo de Emergencias: el director general, Alberto Javier Martn, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), Jorge Surez, y la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. El nico querellado que pertecenede a la Administracin General del Estado es el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

A ellos se les imputan los presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daos imprudentes, prevaricacin omisiva y delito de omisin del deber de socorro por la “inaccin” de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos. As lo ha explicado el presidente de la Asociacin de Damnificados L’Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, y Manuel Hernndez, el CEO de Vilches Abogados, que desempea su asistencia letrada.

La asociacin rene a 340 socios, entre los que hay distinta tipologa de afectados, desde familiares de vctimas a empresarios, y un centenar han impulsado esta querella “porque no podemos dejar que los responsables de esta gestin no respondan ante la justicia. Tenemos la sensacin que el poder legislativo no ha respondido“. Lesaec reconoci que son conscientes de que la lucha “va a ser larga”, “pero los responsables deben pagar”.

A este proceso que encabeza esta asociacin se unir de manera paralela la querella que prepara la SOS Desaparecidos y que, en este caso, agrupa a familiares de las vctimas que acusarn de “homicidio imprudente”. Adems, estos afectados estudian presentar una demanda civil por responsabilidad patrimonial contra las administraciones pblicas.

Esta querella, de 67 pginas, va acompaada de una investigacin cronolgica en la que se recoge que “de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habra producido la magnitud que tuvo la tragedia” ya que la informacin aportada “demostrara que a las 15 horas, los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado” y, sin embargo, por razones que “se desconocen y no se han explicado” la alerta “no se envi hasta las 20.11 horas”, cuando el caudal del barranco de el Poyo y el ro Magro estaban “ya completamente desbordados”.

Adems, destacan que esa alerta fue por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no por inundaciones que “a esa hora ya asolaban las localidades ribereas del barranco del Poyo”, aspecto, que Pradas “confirm en un post en una red social el 7 de noviembre de 2024”.

Se trata del mayor proceso judicial abierto hasta el momento y, segn explic el abogado Manuel Hernndez, puede extenderse a otros investigados si el proceso as lo determina. Los afectados han decidido buscar en la va judicial las soluciones que no han llegado en la poltica. Leseac ha confirmado que no han recibido ninguna llamada de la Generalitat “ni la esperamos”.

La mirada de los querellantes est en desmontar el relato de que la riada fue imprevisible. Por eso hacen un recorrido por “las decisiones que no se tomaron”.

El texto presentado al juzgado recoge que seis das antes la Aemet ya avis de la dana, haba antecedentes histricos de las inundaciones de la zona, as como estudios en los que se haban alertado sobre la posibilidad de inundaciones recurrentes en la zona y, en ese sentido, se adjuntan infraestructuras previstas y no desarrolladas. “Estamos ante una falta de actividad por parte de la administracin pblica ante un riesgo que se conoca”, seala la querella, que seala en un punto al presidente de la Generalitat recordando que, a las 8:04, Aemet habla de riesgo “extremo”, pero a las 13.00 horas Carlos Mazn, en rueda de prensa, dijo que el temporal se desplazaba hacia Cuenca y que a las 18.00 horas disminuira de intensidad, asegurando que “no estaban en alerta hidrolgica cuando 40 minutos antes el centro de Coordinacin de Emergencias la haba activado en la rambla del Poyo”.

Adems, seala que “la descoordinacin significativa” con la CHJ que “debe verse en la instruccin por sus consecuencias en no poder haber preavisado con antelacin a la poblacin. Por ltimo, apuntan a una omisin del deber de socorro ya que “existen pruebas de que no se han adoptado decisiones urgentes en ayudar a los ciudadanos”.





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