Arranca en el Supremo un juicio indito al fiscal general del Estado que arrastra al banquillo a toda una institucin

El histrico juicio al fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, comienza este lunes en el Tribunal Supremo. Por primera vez en democracia, un fiscal general figura como acusado en un procedimiento penal. Desde que arranc la investigacin por la filtracin de datos reservados de la pareja de Isabel Daz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), todos los indicios siempre apuntaron a una misma direccin: una presunta autora de Garca Ortiz enmarcada en una operacin poltica para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El fiscal general del Estado, mximo representante del rgano constitucional que tiene encomendado promover la accin de la Justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, est acusado de cometer un delito de revelacin de secretos al difundir datos reservados del empresario Alberto Gonzlez Amador.

Apoyado en todo momento por el Gobierno, Garca Ortiz ha resistido -con altibajos- el trance de la instruccin penal sin dimitir, lo que provocar que se viva una imagen inslita hoy en el Supremo, cuando acuda al juicio como encausado pero tambin con la condicin institucional de autoridad que le otorga el cargo de fiscal general.

El presidente del tribunal, Andrs Martnez Arrieta, le permitir sentarse en estrados junto a sus letrados de la Abogaca del Estado en la vista oral, privilegio del que previsiblemente no gozar cuando tenga que declarar con la condicin de acusado el prximo 12 de noviembre. Tambin podr acceder a la sede de la ltima instancia jurisdiccional del pas por la puerta noble de acceso reservado a magistrados, fiscales y autoridades.

Segn informan fuentes jurdicas a EL MUNDO el pasado viernes, el presidente Martnez Arrieta y la ponente de la sentencia, la magistrada Susana Polo, se reunieron con todas las partes en la sede del Supremo. Los magistrados recalcaron que el juicio a Garca Ortiz se tramitar con todas las garantas procesales e hicieron un llamamiento velado a la profesionalidad de quienes van a intervenir durante la vista oral, que se prolongar durante las prximas dos semanas: que la polarizacin social que ha generado esta causa quede fuera de las puertas del saln de vistas de la Sala Penal del Alto Tribunal, donde nicamente se atender a parmetros jurdicos.

Justitia es la inscripcin que est grabada en la pared de la lujosa Sala, entelada con seda rojo de Damasco, con mobiliario de caoba trado de Cuba, presidida por un Cristo obra de Alonso Cano y fustes de mrmol que recuerdan a un templo: el templo de la Justicia.

Si bien el fiscal general prev acceder por la puerta principal del Supremo, antes ser arropado por los suyos en la sede de Fortuny. En el chat de la Unin Progresista de Fiscales (UPF), asociacin que Garca Ortiz presidi y de la que fue portavoz, este fin de semana se divulg el siguiente mensaje: Compaer@s hemos pensado que el lunes 3 de noviembre acudamos l@s que podamos a las 09.15 al patio de la FGE, y despedir al Fiscal General con un aplauso a su salida y luego quien quiera acercarse al TS que haga lo que considere conveniente.

Garca Ortiz va a ser juzgado por haber presuntamente filtrado un correo electrnico que el abogado de la pareja de Ayuso envi a la Fiscala de Delitos Econmicos de Madrid con el objetivo de alcanzar un pacto de conformidad. En ese mail, el letrado Carlos Neira admita que ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pblica. Ese correo fue filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser. A su vez, el fiscal general orden redactar una nota de prensa donde se airearon todos los detalles de la negociacin mantenida entre el abogado de Gonzlez Amador y el fiscal Julin Salto para alcanzar el mencionado acuerdo. El literal de aquella nota de prensa, carente de precedentes, provoc que el Colegio de la Abogaca de Madrid (ICAM) suspendiera el protocolo firmado sobre conformidades y se querellara contra la Fiscala. El ICAM pide cuatro aos de crcel para el fiscal general del Estado.

El magistrado instructor que ha investigado durante casi un ao al fiscal general, ngel Hurtado, concluy que la intencin que persigui el fiscal general aquellos 13 y 14 de marzo de 2024 fue ganar el relato frente a una adversaria poltica del Gobierno, como es Isabel Daz Ayuso.

Estos hechos, a ojos del Supremo, pueden constituir un delito de revelacin de secretos cometido por un funcionario pblico, tipificado en el artculo 417 del Cdigo Penal. Aunque las penas solicitadas por las acusaciones populares y particular conllevan prisin, en caso de ser condenado, la ley tambin contempla la pena de multa, adems de la inhabilitacin para cargo pblico, lo que conllevara su expulsin de la carrera fiscal.

A lo largo de la instruccin, el fiscal general primero sostuvo que fue vctima de un bulo, aunque a medida que la causa avanzaba su estrategia de defensa se centr en convencer -sin xito- al Alto Tribunal de que ningn secreto se haba divulgado. En medio, destruy las copias de seguridad de sus mviles, cambi de terminal y elimin la cuenta de Gmail a la que orden que se le enviaran los correos de Gonzlez Amador, actuando contra toda la lgica de quien no tiene nada que ocultar, ya que nadie borra las pruebas de su inocencia. Esta mxima la aplic a lo largo de su carrera profesional el fiscal general cuando le tocaba hacer juicios como fiscal de a pie. Es ms, todo su ncleo de confianza en Fortuny opt por deshacerse de sus mviles en plena investigacin judicial del Tribunal Supremo.

Por su parte, EL MUNDO fue el primer medio de comunicacin que inform de las conversaciones que Gonzlez Amador estaba manteniendo con la Fiscala de Madrid, publicando a las 21.29 horas de aquel 13 de marzo una informacin titulada La Fiscala ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. En palabras del Supremo, quin propuso ese pacto era una cuestin de escasa relevancia jurdica, pese a la inusitada preocupacin que gener en Garca Ortiz.

Tambin fue el peridico que destap en exclusiva el 15 de marzo de 2024 que fue el fiscal general, personalmente, quin orden difundir los datos de la pareja de Daz Ayuso, previo enfrentamiento con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Y el medio que adelant los whatsapp de lvaro Garca Ortiz que reflejaban la motivacin poltica que lo movi en las horas de la filtracin: Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato.

El fiscal general se proclama inocente a la par que se considera vctima de una operacin perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusin poltica negativa de que Gonzlez Amador haba sido denunciado por fraude fiscal por parte del Ministerio Pblico.

Cuando fue citado a declarar como investigado por el juez Hurtado, Garca Ortiz opt por negarse a responder a las preguntas del instructor, al que acus de actuar de manera predeterminada. Esta actitud procesal evidenci, segn fuentes del caso, que su defensa era poltica en vez de jurdica, olvidando la condicin de autoridad del Estado para entregarse a la estrategia de un delincuente comn.

El instructor de la causa sostuvo que la actuacin del fiscal general pone en cuestin el prestigio de la institucin, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y funcin constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa funcin a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuacin se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado. Dentro de la carrera fiscal, una amplsima mayora de sus miembros cree que Garca Ortiz debera haber abandonado el cargo tras ser imputado, evitando someter a la Fiscala a este bochorno.

MS DE 40 TESTIGOS

La vista oral en el Supremo se prolongar hasta el prximo 13 de noviembre y durante la misma declararn ms de 40 testigos: fiscales, periodistas, polticos, el decano del Colegio de la Abogaca de Madrid y miembros de la UCO, entre otros. El jefe del Ministerio Pblico comparecer en ltimo lugar, tal y como pidi su defensa, ejercida por la Abogaca del Estado, el servicio jurdico del Gobierno.

Este lunes, en la primera sesin del juicio han sido citados los fiscales Julin Salto Torres, que llevaba el caso de Alberto Gonzlez Amador; Pilar Rodrguez Fernndez, fiscal jefe provincial de Madrid; Almudena Lastra, fiscal superior Madrid; y Diego Villafae Dez, teniente fiscal de la Secretaria Tcnica y mano derecha de Garca Ortiz.

En la sesin de la tarde estn llamados a testificar Mar Hedo, directora de Comunicacin de la Fiscala General del Estado, e igo Corral, jefe de prensa de la Fiscala Superior de Madrid.

Rodrguez, que lleg a estar imputada durante meses en el procedimiento, declar que durante el tiempo que las actuaciones permanecieron en la Fiscala Provincial Madrid no se produjo filtracin o difusin a terceros de la informacin obrante en las mismas, en referencia al expediente del empresario Alberto Gonzlez Amador.

Por su parte, el destino procesal de Garca Ortiz est en manos de siete magistrados del Alto Tribunal: Andrs Martnez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramn Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo (ponente) y Ana Ferrer. Se trata de jueces de distintas sensibilidades que decidirn, tras la celebracin de la vista oral, si el fiscal general es culpable o inocente.

Se da la circunstancia de que esta causa ha generado en los ltimos meses ciertas tensiones internas dentro de la Sala de lo Penal, no siendo descartable que las mismas vuelvan a aflorar durante la fase de deliberacin posterior al juicio. Sus miembros, no obstante, defienden que nada est escrito y que se actuar conforme a Derecho. La intencin del Alto Tribunal es poder notificar el fallo antes de que finalice este ao. Primero hay que esperar al, en este caso histrico, visto para sentencia.