Álvaro García Ortiz se aferra al cargo de fiscal general, no dimite, convoca al ‘generalato’ de la Fiscalía y el Gobierno lo respalda
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dimitirá del cargo pese a ser imputado este miércoles por un delito de revelación de secretos por el Tribunal Supremo. El fiscal general ha emitido una nota de prensa donde sostiene que tiene “el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal General del Estado”.
Asimismo, García Ortiz anuncia que ha convocada para mañana a “la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado”.
El fiscal general afirma que “la atribución de la condición de investigado” sobre su persona es “inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”.
Por otro lado, y pese a que el Supremo en el auto sostiene radicalmente lo contrario (que la actuación de la Fiscalía filtrando datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso no tiene cobertura en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), García Ortiz expone que su imputación no es un asunto “particular” del fiscal general del Estado, sino que “se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional”.
“El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”.
Por su parte, el cierre de filas del Gobierno en torno al fiscal general del Estado lo ha encabezado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Defiendo no sólo la profesionalidad y la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizado al servicio de España”, ha afirmado a su salida del Congreso de los Diputados.
En declaraciones a los medios, la ‘número dos’ del Ejecutivo ha argumentado también que lo que hizo fue defender a la institución que dirige de una “acusación mentirosa” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre su pareja, “que finalmente reconoció un delito fiscal, que conllevaba años de cárcel”. A lo que ha apostillado: “Aquí lo que ocurre es que aquellos a los que no les gustan las resoluciones judiciales ni las actuaciones de la Fiscalía permanentemente intentan demonizarlo y presentar querellas”.
