Caso Poniente: 32 condenados, entre ellos el alcalde y el interventor, por la trama de corrupcin para “esquilmar” al Ayuntamiento de El Ejido
Diecisis aos despus de que comenzaran las investigaciones, la Audiencia de Almera ha condenado a 32 personas por la trama de corrupcin en torno al Ayuntamiento de El Ejido, conocida como caso Poniente. Entre los condenados se encuentra el que fuera alcalde del municipio, Juan Antonio Enciso Ruiz, el interventor municipal Jos Alemn, jefes de importantes reas municipales, un elevado nmero de empresarios y familiares y testaferros de los principales inculpados.
Las cantidades malversadas por esta trama ascendieron a 58.851.790 euros, derivados de los sobrecostes y de los trabajos no realizados que una veintena de sociedades fueron facturando a la empresa mixta Elsur del Ayuntamiento de El Ejido. Desde esta sociedad -dice la sentencia- se fueron sucediendo “hechos favorables a los intereses privados de varios grupos empresariales, ajenos al inters pblico exigido legalmente”, que contribuyeron a “esquilmar las arcas municipales, usando como parapeto la empresa mixta”.
Los condenados compraron un sinfn de propiedades inmobiliarias, tanto rsticas como urbanas que pagaron, en parte, con dinero negro. Las empresas de la trama llegaron, incluso, a pagar 33.748,40 euros por la celebracin de la boda de Irene A. y Manuel C., dos de los acusados, en el Hotel Hacienda La Boticaria, de cinco estrellas, ubicado en la localidad sevillana de Alcal de Guadaira. A la boda asisti el entonces alcalde Enciso y la empresa Elsur coste su alojamiento y todos gastos que gener en el hotel en el que se festej el enlace matrimonial. La factura del alojamiento y los gastos de cuatro personas en el establecimiento hotelero ascendi a 1.874,64 euros.
Como ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA), la sociedad mixta se constituy en noviembre de 1995, con un 30% de participacin municipal y el 70% restante de la empresa Abensurasa, perteneciente al grupo Abengoa, que ha sido declarado responsable civil subsidiario de la trama corrupta.
De forma indirecta, la sociedad de nueva creacin se iba a encargar de la conservacin del pavimento, alcantarillado, distribucin de agua y su depuracin, alumbrado, conservacin de parques, jardines y zonas verdes. “Sin embargo, mediante subcontrataciones a precios desorbitados, el canon cobrado por Elsur al Ayuntamiento de El Ejido ha resultado ser abusivo en relacin con los servicios prestados”. Solo en el periodo 1996-2008, se prevea un canon de 47,9 millones de euros, pero finalmente se elev hasta superar los 171 millones.
Los magistrados consideran probado que “todas estas actividades ilcitas fueron consentidas” por el ex alcalde Juan Antonio Enciso Ruiz y por el interventor municipal Jos Alemn, que eran presidente y vocal del consejo de administracin de Elsur. Ambos hicieron “caso omiso de sus obligaciones de fiscalizacin y control” de los fondos pblicos. “A sabiendas“, subraya la sentencia, “el interventor autorizaba el gasto, una vez contabilizado”, y el alcalde “autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente”.
Las condenas
Por ello, la sentencia impone a Enciso cinco aos y tres meses de prisin y otros 13 aos de inhabilitacin por la comisin de un delito continuado de malversacin de caudales pblicos de especial gravedad en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cambio, le absuelve de los delitos contra la Hacienda Pblica, prevaricacin, delito societario y cohecho. Aunque tanto el ex alcalde como su esposa constituyeron una sociedad entre ambos por la que llegaron a ingresar un total de 671.000 euros, los magistrados sostienen que “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilcitas” en su condicin de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal“.
El fallo de la Audiencia otorga al interventor municipal una participacin an ms importante en la trama delictiva. De hecho, la condena es superior a la de Enciso, pues no slo se le atribuye la comisin del mismo delito de malversacin continuada por la que deber cumplir 5 aos y 3 meses de crcel, amn de 13 de inhabilitacin, sino que tambin se le achaca un delito de cohecho pasivo por que se le pena con otros dos aos y tres meses de crcel y otros 6 de inhabilitacin.
La sentencia remarca que el interventor municipal “no solo hizo dejacin de funciones”, sino que “permiti, a cambio de grandes prebendas econmicas, que los hechos enjuiciados tuvieran lugar”. Los magistrados subrayan que “constituy” directamente o por medio de familiares empresas con las que lucrarse “ilcitamente y as obtener fuertes ingresos que se invierten en crear un importante patrimonio inmobiliario, adquirir vehculos de alta gama, valores mobiliarios y gastos de lujo“.
De esta manera, lleg a percibir por diferentes vas cerca de 7,5 millones de euros. Su esposa, Isabel C. S., tambin ha resultado condenada por malversacin de caudales pblicos a una pena de 3 aos y 3 meses de prisin y 9 de inhabilitacin y a otros 5 meses de prisin y al pago de una multa de 431.000 euros por un delito de blanqueo de capitales. La sentencia, sin embargo, absuelve al que fuera interventor municipal de los delitos contra la Hacienda Pblica, prevaricacin, delito societario y cohecho.
Trama familiar
El que fuera jefe del rea de Parques, Jardines y Edificios Pblicos entre 1996 y 2003 y posteriormente asumi las direcciones de Explotacin y Produccin de Elsur, Jos A. R., “aprovech” esta estratgica posicin para “subcontratar servicios que aquella deba prestar al Ayuntamiento” para lo cual se sirvi de empresas contratadas por l, al frente de las cuales situ a su familia ms directa, a yernos y a personas de confianza.
La sentencia asegura que la labor llevada a cabo por este acusado y su entorno les supuso ingresar ms de 24 millones de euros merced a la sobrefacturacin de su grupo empresarial, lo que aument el perjuicio patrimonial sufrido por Elsur. Su condena por malversacin asciende a 5 aos de prisin y 13 de inhabilitacin y una multa de 58.000 euros por cohecho. Su mujer, sus tres hijos y sus dos yernos tambin han sido condenados por malversacin a 3 aos y 4 meses de prisin y 9 de inhabilitacin cada uno.
Los empresarios
En lo que respecta a los empresarios, uno de los que ha recibido la condena ms alta ha sido Juan Antonio G. M., al que la sentencia atribuye la propiedad o participacin en hasta 16 sociedades que le han reportado un importe por sobrefacturacin de ms de 15,5 millones de euros. Su actividad en esta trama le ha supuesto una condena de 4 aos y 9 meses de crcel y 12 de inhabilitacin por la comisin de un delito de malversacin y el pago de una multa de 2.290.937 euros por el delito de cohecho.
La contribucin de su esposa Mara Gema de la P. M. y de su hija Yolanda G. de la P. ha tenido como resultado sendas condenas de 3 aos y 3 meses de prisin y la inhabilitacin por un periodo de 9 aos por la comisin de un delito de malversacin.
Contra la sentencia de la Audiencia de Almera cabe recurso de casacin ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para lo cual se otorga un plazo extraordinario de 30 das dada la extensin de la resolucin.
El resto de condenados
El fallo tambin ha impuesto las siguientes condenas: 4 aos de prisin y 12 de inhabilitacin por un delito de malversacin a 3 Antonio Ramn B. V., Justo Fernando B. H., Manuel F. H. y Miguel ngel A. C.; 4 aos de prisin y 9 de inhabilitacin por malversacin a Manuel C. P.; 3 aos y 4 meses de prisin y 9 de inhabilitacin por malversacin para los acusados Francisco Javier M. M., Antonio M. H., Jos Mara C. C.; 3 aos y 3 meses de prisin y 8 de inhabilitacin por malversacin para Agustn S. R.; 3 aos y 2 meses de prisin y 8 aos de inhabilitacin por malversacin para Jaime R. R., Ambrosio C. G. y Jess A. G., ste ltimo tambin condenado por cohecho al pago de una multa de 76.850 euros; 3 aos de prisin y 7 aos y 3 meses de inhabilitacin a Mara Rosario B. O. por malversacin; un ao y seis meses de prisin y una multa de 900 euros por cohecho Jos Julin H. V.; al pago de una multa de 3,1 millones de euros a Jos Carlos L. L. por cohecho; y a Rosala G. del V. una condena de 5 meses de prisin y el pago de una multa de 626.862 euros por blanqueo.
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