Cuatro jubilados en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Madrid para no perder sus pisos | Noticias de Madrid

Alejandro Ibáñez, de 81 años, está atrincherado en su piso de la calle de Jerte, en el madrileño barrio de La Latina. Está convencido de que, si se va, nunca podrá volver. No se fía de su particular casero: el Ayuntamiento de Madrid. Ibáñez lleva 15 años viviendo en los Apartamentos Municipales para Mayores San Francisco, un equipamiento público inaugurado en 1989 para personas de avanzada edad y pocos recursos. Hasta junio de 2024 vivían en el edificio 61 personas de entre 70 y 91 años. Ahora quedan cuatro. El resto han sido trasladados a distintas residencias repartidas por la región mientras, promete el Consistorio, se acomete una reforma integral del inmueble. El pequeño grupo que se niega a abandonar el edificio desconfía de las intenciones del Gobierno local, que esta semana les ha denunciado ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

“Tenía una empresa de obras y reformas y lo perdí todo. A través de asistencia social me ofrecieron esto”, explica por teléfono Ibáñez. Este modelo habitacional permite a los residentes como él vivir de forma independiente en pequeños apartamentos y la Administración local se hace cargo de la mayor parte de los gastos de alquiler y suministros.

En 2024, el Ayuntamiento pidió a los 61 vecinos del inmueble que abandonaran sus viviendas y se trasladaran temporalmente a diferentes residencias de la región mientras se acometía una reforma integral del edificio. A algunos de los residentes les invadió ―y todavía invade― la desconfianza y creen que todo obedece a un plan municipal para reubicarlos en centros de mayores y disponer así de los pisos para otros usos. Los usuarios se han ido marchando con cuentagotas y los cuatro que quedan no tienen intención de abandonar sus casas. Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid les ha denunciado ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

En la Asociación Vecinal la Chispera, que apoya a los residentes y les está acompañando en el proceso, asegura que no existe ningún documento que justifique la imposibilidad de realizar las obras por fases, con los residentes dentro, como suele ocurrir en este tipo de intervenciones. “Decían que esto se iba a caer, pero no han movido ni un ladrillo. Estoy convencido de que el objetivo es derribarlo”, insiste Ibáñez.

Entre las alternativas habitacionales ofrecidas por el Ayuntamiento figura el traslado temporal a varias residencias de la Comunidad de Madrid donde los mayores tendrían cubiertos servicios como alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria. Sin embargo, algunos residentes cuestionan estas opciones. En los apartamentos municipales, los vecinos destinaban entre el 10% y el 15% de su pensión al alquiler social. En las residencias propuestas, el copago puede alcanzar entre el 80% y el 86% del presupuesto mensual.

Además, algunas de las residencias a las que han sido trasladados los vecinos se encuentran lejos del barrio. Entre ellas, un centro en Villaviciosa de Odón, a unos 30 kilómetros de distancia. Ibáñez recuerda el origen del proyecto como una conquista social del barrio. “Esto se hizo para gente que no podía pagar una residencia”, dice. Mientras espera el desenlace judicial, sigue viviendo en su apartamento de la calle Jerte. “Aquí estoy y aquí me quedo”, insiste.

Durante casi dos años, su vida se ha llenado de notificaciones administrativas en las que el Ayuntamiento le pide que abandone su casa y se traslade a una residencia mientras se rehabilita el edificio. “La última llegó hace una semana, cuando decidieron llevar el asunto a los juzgados. Llevan mucho tiempo intentando desahuciarme”, asegura. Su postura no ha cambiado desde el principio: “A mí no me van a echar de aquí”.

Muchos de los residentes que sí aceptaron marcharse reprochan ahora su decisión a Ibáñez, convencidos de que habrían podido volver antes si todos hubieran abandonado el edificio cuando se les pidió. “Muchos de mis compañeros han perdido sus pertenencias en este proceso y algunos están en malas condiciones en sus nuevos destinos”, sostiene el vecino. Y añade: “Yo solo quiero que vuelvan y que empiecen las obras, porque no creo que sea cierto que tengamos que irnos para que puedan hacerlas”.

Uno de los residentes que se marchó esperando regresar es el cubano Blas Patterson, de 82 años. Vivió 14 años en los apartamentos municipales y ahora reside en un centro para mayores en Ventas al que llegó hace unos siete meses después de aceptar el traslado propuesto por el Ayuntamiento. Patterson cuenta que varios antiguos vecinos han terminado en centros similares y que algunos han fallecido desde entonces. “Muchos pensamos que no vamos a volver”, dice con resignación. Según comenta, las obras que justificaron el traslado todavía no han comenzado.

En su momento, los residentes recibieron una carta de la Dirección General de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid en la que se les informaba de que debían abandonar el edificio para acometer obras de “mejora y mantenimiento”. Con el paso de los meses, la mayoría se marchó. Algunos buscaron alojamiento con familiares; otros aceptaron el traslado a residencias.

Ibáñez asegura que nunca entendió por qué era necesario vaciar completamente el edificio. “Si tienen que hacer obras, que las hagan. Pero que las hagan con nosotros dentro”, sostiene. Desde el Consistorio explican que los apartamentos para mayores San Francisco presentan importantes deficiencias que deben ser subsanadas para garantizar la integridad física de los usuarios. Por ello, el Ayuntamiento planificó una reforma integral dotada con 3,8 millones de euros que debería haber comenzado en 2024 y que no ha podido ejecutarse ante la negativa de las cuatro personas a abandonar el edificio.

Sin embargo, según denuncian los vecinos, nunca han tenido acceso al informe técnico completo que detalle los problemas concretos del inmueble. La Asociación Vecinal La Chispera, del barrio de La Latina, sostiene que el expediente solo menciona la “subsanación de patologías”, lo que, según recuerdan, “no implica necesariamente que exista un riesgo de inseguridad”.

Ibáñez asegura que el proceso ha sido confuso. “Nos han denunciado a cada uno en un juzgado distinto para que no podamos tener el mismo abogado”, afirma. Por su parte, el Consistorio sostiene que se ha visto obligado a solicitar autorización judicial “para velar por la seguridad de los cuatro usuarios que permanecen en el edificio y también para evitar que se siga perjudicando a los 57 usuarios que ya fueron realojados”.

Según el Ayuntamiento, una vez finalizadas las obras todos los residentes podrán volver al mismo apartamento en el que vivían y con las mismas condiciones económicas. “La rehabilitación, además, permitirá habilitar siete plazas adicionales en viviendas que actualmente no pueden utilizarse”, asegura un portavoz del área de Familias del consistorio a este periódico.