Bloqueo total entre los vocales del Poder Judicial para nombrar en la Sala del Supremo que juzga a los aforados
Los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) libran desde hace meses una batalla soterrada por la eleccin de una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se trata del rgano que investiga y juzga a miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado y otras autoridades; no en vano, es la Sala que conden recientemente al ya ex fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, por la filtracin de datos reservados de la pareja de Isabel Daz Ayuso.
La plaza vacante corresponde al turno de jurista, tras la jubilacin del magistrado Miguel Colmenero y lleva meses sin ser cubierta. Se da la circunstancia de que a la plaza de Colmenero se sumarn prximamente otras tres vacantes por las jubilaciones de los magistrados Andrs Palomo, ngel Hurtado y Juan Ramn Berdugo.
Debido a la falta de avances en las conversaciones entre conservadores y progresistas -ni siquiera ha habido una negociacin formal-, segn informan fuentes jurdicas a EL MUNDO, los vocales designados a propuesta del Partido Popular en el CGPJ buscarn alcanzar un pacto global que encuadre estas otras tres plazas de la Sala Penal para hacer estos nombramientos especialmente sensibles de forma conjunta.
Se da la circunstancia de que el magistrado Berdugo se jubila el prximo mes de septiembre, por lo que, de haber acuerdo, ser despus de verano, subrayan fuentes del rgano de gobierno de los jueces.
En la actualidad, la Sala de lo Penal o Segunda, que preside el magistrado Andrs Martnez Arrieta, est integrada por 15 magistrados. El pasado mes de enero, la Comisin de Calificacin del CGPJ decidi mantener a 12 de los 14 peticionarios en la terna para la plaza del juez Colmenero. Aspiran a la misma las catedrticas Silvina Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanate y Paz Lloria as como los juristas Julio Banacloche, Guillermo Garca-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Oll, Carlos Prez del Valle, Jess Santos Vijande y Luis Uriarte (entre los hombres que optan a ocupar ese silln en la Sala Segunda hay perfiles de catedrticos, profesores titulares de Universidad, magistrados y fiscales).
Por su parte, el empeo del Gobierno en la candidatura de la catedrtica de Penal Bacigalupo -miembro del comit de sabios que Pedro Snchez cre para que lo asesoraran en el ao 2015 y cuada de la ex vicepresidenta del Gobierno y actual vicepresidenta de la Comisin Europea, Teresa Ribera– ha provocado que la aspirante sea rechazada de manera frontal por los vocales conservadores.
En el Ejecutivo creen que hay falta de magistrados progresistas en la Sala Segunda, rgano que en los ltimos aos ha dejado con sus decisiones en evidencia la actuacin del Gobierno de Pedro Snchez. Lo hizo, por ejemplo, cuando se opuso a la concesin de los indultos a los lderes del procs o cuando critic la reforma ad hoc del Cdigo Penal para favorecer a los dirigentes independentistas o, ms recientemente, al no aplicar la Ley de Amnista al delito de malversacin de caudales pblicos del 1-O.
Adems, por holgada mayora, esta Sala es la que conden a Garca Ortiz por un delito de revelacin de datos reservados del empresario Alberto Gonzlez Amador; decisin que oblig al Ejecutivo a nombrar a un nuevo fiscal general pese a la defensa a ultranza que hizo sobre el condenado. Asimismo, la Sala de lo Penal es la que ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en la sede de Ferraz y tambin el cobro de presuntas comisiones ilegales por el amao de obra pblica desde el Ministerio de Transportes. Adems, es el rgano que decidi imputar al ex secretario de Organizacin del PSOE Santos Cerdn y sentar en el banquillo de los acusados al antao todopoderoso Jos Luis balos, cuyo primer juicio comenzar el prximo 7 de abril.
El Gobierno sabe que, a diferencia del Tribunal Constitucional o la Fiscala, el Supremo es el eslabn que no ha logrado controlar y, por este motivo, cualquier nombramiento en la Sala de lo Penal es absolutamente decisivo.
Tal y como ha informado este peridico, en la Sala de Gobierno del TS ha causado recelos que el Ministerio de Justicia haya optado por ampliar la plantilla de la Sala Segunda en el decreto de las 500 nuevas plazas judiciales y, en cambio, haya ignorado las dos plazas solicitadas para la Sala Cuarta o de lo Social. Las fuentes consultadas enmarcan esta decisin en el deseo de forzar un vuelco ideolgico en la Sala de los aforados. El Supremo no se opone a la ampliacin de su Sala Penal, pero s ha querido dejar constancia de que resulta mucho ms apremiante para el tribunal reforzar la Sala de lo Social, que preside la magistrada Concepcin Ureste.
