Varias acusaciones se adhieren a la peticin de la jueza de la dana de investigar a Mazn

Las acusaciones ejercidas por Podemos, Ciudadanos, Acci Cultural del Pas Valenci y CGT coinciden con la jueza que instruye la causa por la gestin de la catastrfica dana en la necesidad de que el ex president de la Generalitat Carlos Mazn sea investigado en el procedimiento.

Podemos ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV un escrito de alegaciones en el que se adhiere ntegramente a la exposicin razonada elevada por la magistrada instructora. La formacin ve “indicios suficientes” para que se investigue a Mazn por su posible responsabilidad penal. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, respalda las conclusiones de la instructora sobre la posicin de garante que ostentaba el ex presidente en la gestin de la emergencia y apunta a una posible omisin negligente durante las horas ms crticas del episodio.

Tambin contempla la posible intervencin de su entorno en el retraso y modificacin del contenido de la alerta a la poblacin enviada mediante el sistema Es-Alert, una circunstancia que, segn se expone, “pudo influir en el alcance del resultado mortal y lesivo producido durante la catstrofe”.

A su juicio, cerrar la investigacin respecto de quien ostentaba la mxima responsabilidad institucional sin agotar las diligencias necesarias “comprometera el derecho de las vctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales derivadas de la gestin de la emergencia”, mantiene.

Tambin ha presentado sus alegaciones Ciudadanos, que sostiene que la responsabilidad penal “no puede atomizarse en cargos intermedios”, como lo eran los dos investigados hasta el momento: la ex consellera de Interior Salom Pradas y su ‘exnmero 2’, Emilio Argeso.

Mazn, “como mxima autoridad de la Generalitat, ostentaba una posicin de garante que le obligaba a supervisar y controlar la actuacin de sus inferiores, especialmente ante un riesgo mortal previsible”, dice esta parte, que insiste en que la estructura jerrquica “implica que el superior no solo puede, sino que debe supervisar las acciones del inferior”.

“Declarar como investigado a Carlos Mazn no se fundamenta en una responsabilidad poltica, sino en una responsabilidad penal de naturaleza omisiva. Segn el artculo 11 del Cdigo Penal, la no evitacin de un resultado lesivo (las 230 muertes y los heridos) equivale a su causacin cuando existe un deber jurdico especfico de actuar”, argumenta.

Desde la acusacin ejercida por Acci Cultural del Pas Valenci (ACPV) subrayan que Mazn “tuvo cumplido conocimiento de los riesgos previsibles de la presencia de una dana desde las alertas emitidas desde el da 25 de octubre de 2024 y no adopt ninguna decisin preventiva”. Tambin que el ex presidente “retras por su negligencia, desidia, pasotismo e ineptitud” la emisin de un mensaje de alerta a la poblacin.

En el escrito, consultado por Europa Press, se seala que el catastrfico resultado del 29O era “previsible y evitable, haba relacin de causalidad entre la ausencia de decisiones relevantes a adoptar por un dirigente como el seor Mazn y la evitacin de un importantsimo nmero de fallecimientos y lesiones graves de la dana que asol la provincia de Valencia”.

En la misma lnea, asevera que el que fuera jefe del Consell tuvo “cumplido conocimiento de la situacin de alerta roja en la provincia de Valencia (riesgo para la vida de las personas), a las ocho de la maana del da 29 de octubre sin adoptar ningn tipo de medida preventiva”.

Para esta acusacin, Carlos Mazn conoca la alerta hidrolgica decretada en los cauces del barranco del Poyo y del ro Magro “a las 12.20 horas de esa maana sin adoptar ni una decisin”. Y sobre el almuerzo que mantuvo aquel da con la periodista Vilaplana en El Ventorro, dice que el mandatario autonmico “dio instrucciones para que no se le molestara por los altos cargos de su gobierno al tener un almuerzo privado que empezaba a las 14.30 horas”.

La acusacin ejercida por FETAP-CGT expresa tambin su apoyo al razonamiento de la magistrada, “resultado de una instruccin en la que se han practicado numerosas diligencias, se han recabado informes, se han analizado comunicaciones y, fundamentalmente, se ha tomado declaracin a vctimas y testigos”. La jueza “ha cumplido escrupulosamente con la doctrina de esta Sala y del Tribunal Supremo, investigando los hechos y, solo al encontrar indicios slidos, fundados y serios contra el aforado, ha elevado la causa”.

Estos indicios son, segn cita, “plurales”, puesto que no se basan en un nico dato, sino en una concatenacin de omisiones; “concretos”, ya que se individualiza la conducta de Mazn, “no solo por su cargo, sino por su inaccin personal y la falta de ejercicio”; y “racionales”, teniendo en cuenta que “la conexin entre la falta de alertas y coordinacin y el resultado mortal es lgica y se apoya en el relato de cmo se produjeron los fallecimientos”.

Por tanto, la instruccin en la instancia, en lo que respecta a la delimitacin de la presunta responsabilidad del aforado Carlos Mazn, “ha alcanzado el punto de madurez necesario”. “Rechazar ahora la competencia supondra contradecir las propias resoluciones de esta Sala, que remitieron la investigacin al juez ordinario precisamente para que realizara la labor de acopio de indicios que ahora se presenta”, advierte.