La doctrina del TSJ a la que se agarra Mazn para evitar la imputacin: del nexo causal al principio de culpabilidad
El futuro de Carlos Mazn est en manos de tres magistrados, que son los que tendrn que decidir si procede o no la investigacin del ex presidente de la Generalitat que ha pedido la jueza que instruye la causa de la dana. Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Manuel Baeza, y de los magistrados Pa Caldern (ponente) y Jos Francisco Ceres. Pero ms all de que las fuentes jurdicas consultadas los sitan en la rbita conservadora, el entorno de Mazn se agarra a la doctrina del propio TSJ para pensar que el ex presidente podra esquivar finalmente la imputacin.
De hecho, el TSJ ya rechaz varias querellas y denuncias contra Mazn con dos autos que llevaban precisamente la firma de Caldern y Ceres. Pero que, sobre todo, advertan de cules eran las condiciones para una hipottica imputacin de Mazn, teniendo en cuenta que mantiene su aforamiento como diputado en las Cortes Valencianas. Segn las fuentes consultadas, no sera descartable que el TSJ evitase -al menos de momento- imputar a Mazn.
En un auto de diciembre de 2024, el TSJ ya dijo que para imputar a un aforado debe concluirse la instruccin, es decir, “que se depuren cuantas diligencias de investigacin sean necesarias para completar la investigacin”. Sin embargo, y a pesar de que en abril la jueza habr interrogado a medio millar de testigos, por el juzgado de Catarroja an no han pasado por ejemplo los alcaldes, que tendrn que hacerlo prximamente. Sus testimonios sern importantes, porque forman parte del plan de inundaciones y tenan competencias para decretar medidas de proteccin a la poblacin.
Tampoco ha declarado todava como testigo la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero. Es ms, la jueza ya ha pedido a las partes que se pronuncien sobre una segunda prrroga de la instruccin.
El citado auto del TSJ apela adems al “principio de culpabilidad”, que impide “que pueda desembocarse en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posicin o cargo que una persona concreta ostente en la organizacin, por muy alto que este sea”. Las fuentes consultadas sostienen que no puede imputarse a nadie por razn de su cargo, un argumento que ya us -sin xito- Emilio Argeso, el ex secretario autonmico y ex nmero dos de Salom Pradas, tambin investigada.
Desde el entorno de Mazn se interpreta que dicha responsabilidad no existe en el caso del ex presidente, porque la direccin de la emergencia corresponda por ley a Pradas y el jefe del Consell, por tanto, no formaba parte del Cecopi. La propia jueza Nuria Ruiz Tobarra lo asume en su exposicin razonada, si bien argumenta que, como presidente, Mazn poda -y deba- haber dado rdenes a su consejera y coordinar la accin del Consell.
El TSJ an dict un segundo auto en febrero de 2025 en el que volvi a insistir en la necesidad de “acreditar que, de haberse ejecutado la accin omitida -activar con anterioridad la alarma, impulsar el plan de emergencias, pedir ayuda estatal…-, se habran evitado los resultados daosos, lesivos y mortales”. Dicho con otras palabras, no basta con afirmar que el ES-Alert se envi tarde, sino que hay que demostrar que la tardanza de la alerta es la causa directa de las 230 muertes el da de la dana.
Debe quedar claro lo que se conoce como el “nexo causal” entre que no se enviara antes el ES-Alert y cada una de las muertes, algo que, segn el entorno de Mazn, no hace la exposicin razonada de la jueza. Recoge el detalle de las circunstancias en las que murieron las 230 vctimas, pero en algunos casos ni siquiera se precisa la hora.
Las fuentes consultadas apuntan incluso a que no se ha practicado ninguna pericial que pruebe que un envo previo de la alerta habra salvado vidas. Y se recuerda, adems, que el ES-Alert no estaba incluido en el plan de inundaciones como medida de proteccin, con lo que no habra “negligencia penal”.
