Pugna entre Gobierno y CCAA por los auxiliares de conversacin: miles de jvenes extranjeros podran no ir a los colegios por “falta de seguridad jurdica”
El programa del Ministerio de Educacin (PSOE) sobre los auxiliares de conversacin nativos en los colegios est amenazado por las inspecciones que est llevando a cabo el Ministerio de Trabajo (Sumar). El departamento que dirige Yolanda Daz ha comenzado a investigar y multar a varias autonomas porque dice que estos jvenes extranjeros, estudiantes de ltimo ao de universidad que vienen a Espaa a ayudar a los nios con la prctica del idioma, no estn ejerciendo estas tareas, sino que son utilizados como “falsos becarios” que deberan tener un contrato laboral y cotizar a la Seguridad Social.
Comunidades como Aragn, Galicia, Andaluca, Extremadura, Murcia, Castilla y Len, Madrid o la Comunidad Valenciana (todas del PP) estn “preocupadas” y han transmitido su “inquietud” al Ministerio de Educacin. El asunto se tratar este viernes en la Conferencia Sectorial, mximo rgano de interlocucin en materia educativa entre el Gobierno y las autonomas.
Estas CCAA reclaman “coordinacin” entre ambos ministerios, Trabajo y Educacin, porque denuncian que estn siendo inspeccionados y multados por Trabajo por limitarse a aplicar un convenio que ha establecido Educacin. Galicia, con 700 auxiliares de conversacin, y Aragn, con 101, ya han dicho que renunciarn al programa para el prximo curso si persiste la “falta de seguridad jurdica” que se est produciendo en la actualidad. Andaluca ya abandon el programa el ao pasado, cuando fue sancionado por Trabajo con cinco millones de euros: tena 1.806 auxiliares de conversacin y este curso no ha trado ninguno.
Otras autonomas tambin se plantean llegar a cancelar su colaboracin si los obstculos persisten. El nmero de participantes vara, segn la disponibilidad de las comunidades autnomas y de los pases que colaboran. El ao pasado un total de 7.140 auxiliares de conversacin nativos ayudaron a los alumnos de toda Espaa a mejorar sus habilidades de expresin oral en ingls, francs, alemn, italiano o portugus.
“Intercambio cultural”, no contrato laboral
Este programa lleva en pie desde hace dos dcadas y permite que estudiantes universitarios de ltimo ao de hasta 30 pases como EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia o Brasil vengan a Espaa a ayudar a los alumnos espaoles de los colegios para que mejoren su soltura en lengua extranjera. Para ello sacan a un grupo reducido de clase y conversan con ellos en su lengua materna, generalmente durante una hora a la semana.
El convenio del Ministerio de Educacin establece que se trata de “un intercambio cultural”, por lo que no considera que estos jvenes nativos deban estar sujeto al rgimen de los trabajadores ni tener un contrato laboral. Fuentes de este departamento que dirige Milagros Toln explican que tienen un dictamen de la Abogaca del Estado que les “aporta seguridad jurdica” en este tema.
El dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, seala que “no concurre una relacin laboral” y que no se debe exigir, por tanto, un salario. “La relacin de los auxiliares no tiene tintes laborales; se parece ms a una de carcter voluntario, considerando principalmente el objetivo de esta figura, ms cercano a una suerte de ’embajador cultural’, y no la prestacin de unos servicios a cambio de una retribucin”, indica la Abogaca del Estado. Estos jvenes reciben una compensacin econmica que ronda los 800-1.000 euros mensuales y en algunos casos incluye alojamiento o vales de comida, pero es una beca, no un salario.
Los hechos
Lo que ha ocurrido, en palabras de Educacin, es que por parte del Ministerio de Yolanda Daz se han iniciado “algunas actuaciones administrativas en las que se plantea, desde la consideracin de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, que este programa presenta condiciones asimilables a una relacin laboral, y otras en las que se apunta, en algunos casos concretos, a una posible realizacin de tareas y funciones que no les correspondan a dichos auxiliares”.
Fuentes del Ministerio de Trabajo argumentan que la Inspeccin est actuando “de forma ms generalizada ante la peticin de ayuda por parte de Educacin, pues ve que hay problemas en algunas comunidades autnomas porque los auxiliares de conversacin se estn extralimitando en sus funciones y estn manteniendo una relacin laboral”.
Qu supone esa extralimitacin de las funciones? Por ejemplo, los auxiliares estaran ayudando a los profesores a impartir clases, aunque no estn formados para ello, o creando contenidos educativos, o poniendo audiciones en clase, o corrigiendo la pronunciacin y la gramtica de los alumnos dentro de las propias aulas, o colaborando en las clases preparatorias de los exmenes de Cambridge o DELF, o participando en tareas de traduccin de materiales.
“No se puede usar este programa para sustituir a profesores y a profesionales de la docencia. En todos los espacios, tambin en el sistema educativo, se deben respetar la legislacin laboral y las sentencias judiciales. Por lo tanto, o se demuestra que son becarios y que en ningn caso sustituyen el trabajo ordinario de la docencia, o se tiene que buscar una frmula laboral”, insisten en el Ministerio de Trabajo.
EL MUNDO ha hecho una ronda por las autonomas y todas niegan que los auxiliares de conversacin estn realizando otras funciones que no sean conversar con los alumnos en su idioma materno. Dicen que se limitan a cumplir lo que establece el convenio del Ministerio de Educacin.
Las sanciones
“Los auxiliares no pueden trabajar como profesores, no lo son. Se trata de estudiantes universitarios. En ningn caso sustituyen a los profesores y siempre estn en el aula con un profesor. Ellos estn aqu para aprender. No hacen otra cosa”, sealan fuentes de la Junta de Andaluca, que ha renunciado a participar este curso en el programa, en donde estaban apuntados 1.806 auxiliares, tras ser multado con cinco millones de euros por no dar de alta a estos jvenes extranjeros en la Seguridad Social en los colegios de la provincia de Sevilla.
Se da la circunstancia de que Trabajo ha multado slo por los auxiliares de conversacin pagados por las CCAA, pero no por los sufragados por el Ministerio de Educacin. “Han coincidido en los mismos institutos los que financia el Ministerio y los que financia Andaluca y, pese a que realizaban las mismas funciones, slo se ha sancionado por los financiados por Andaluca”, denuncian las mismas fuentes.
Tambin ha ocurrido lo mismo en Aragn, donde ha habido sancin de 199.000 euros en la provincia de Teruel por la actuacin del cupo de auxiliares de conversaciones cuya financiacin corresponde a esta regin. “Existe un cupo de auxiliares de conversacin cuyas actuaciones y financiacin corre a cargo de la Administracin General del Estado, sometidos a las mismas condiciones que los autonmicos, pero estos curiosamente no estn siendo inspeccionados. Por encomienda del Ministerio de Trabajo, tal y como nos han comunicado los propios inspectores de Aragn, se est revisando el programa de auxiliares de conversacin, pero solo lo concerniente a los cupos autonmicos, no los estatales”, denuncian fuentes de la Consejera de Educacin de Aragn de Tomasa Hernndez, que tambin renunciar al programa si la situacin no se arregla.
Desde el Departamento de Educacin aragons se aleg y se pidi, sin xito, archivar el expediente en tanto en cuanto no existe relacin laboral, sino de carcter subvencional. Este caso es especialmente llamativo porque Aragn tiene a los auxiliares dados de alta en la Seguridad Social con un rgimen similar al de las personas que participan en programas de formacin. Trabajo insiste en que es una relacin laboral encubierta. Aragn va a presentar un recurso de reposicin y, si no prospera, acudir a un tribunal contencioso-administrativo.
“Se va a ir hasta el final y, en caso de que se perdiera, se abrira expediente de responsabilidad patrimonial al Ministerio de Educacin, que es quien ha trado a los auxiliares. No puede ser que el Gobierno central, responsable del programa, que selecciona y trae a los auxiliares, siendo Aragn una de las pocas CCAA que paga Seguridad Social, multe a esta administracin”, lamentan las fuentes consultadas.
Hace unos meses, Trabajo tambin abri un proceso sancionador a Galicia por la forma de actuar de los auxiliares de conversacin en los colegios de la provincia de La Corua. “No son trabajadores, tienen un rgimen de intercambio cultural. Nosotros cumplimos a rajatabla lo que marca Educacin. Les damos manutencin, alojamiento y un seguro mdico. El Ministerio de Trabajo considera que hay una relacin laboral, pero no es cierto, estamos hacindolo como siempre. Este programa es muy importante para nuestro modelo plurilinge porque nos permite tener a un joven de Wisconsin hablando con los alumnos en una aldea de Lugo, lo que favorece la igualdad de oportunidades”, explican fuentes de la Conselleria de Educacin de Galicia.
Las cartas
El conselleiroRomn Rodrguez ha escrito varias cartas a la ministra Toln para pedirle que solucione la situacin de “inseguridad jurdica” que se ha creado y advierte que las actuaciones impulsadas por Trabajo “ponen en riesgo la continuidad del programa”. En la ltima, le pide que en la Conferencia Sectorial de Educacin est presente un responsable del Ministerio de Trabajo para explicarles “cual es la problemtica del programa actual y pueda aportar las claves que garanticen que se pueda desarrollar con garantas de seguridad jurdica”.
Segn los datos recabados en toda Espaa, estas inspecciones son recientes y no se producen en toda Espaa. Fuentes de los gobiernos de Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Catalua (PSC), Baleares (PP), Cantabria (PP) o Canarias (CC-PP) explican que no han sido multados ni hay en marcha ninguna investigacin que afecte a sus territorios. Tampoco hay expedientes abiertos en Madrid (PP), Castilla y Len o Murcia (PP), aunque son “conocedores de la falta de coordinacin que se est poniendo de manifiesto entre los dos ministerios” y se encuentran “preocupados” por la “incertidumbre que se est generando en las comunidades autnomas”. Igualmente Extremadura (PP) ha trasladado a Educacin su “inquietud” y ha pedido que le d “garantas jurdicas para evitar sanciones”.
Por parte del Ministerio de Educacin, se ha acordado la creacin de un grupo de trabajo con las comunidades autnomas “para analizar cada caso y ofrecer garantas y seguridad para el correcto desarrollo del programa”, explican fuentes de este departamento.
