La nueva consejera de Educación de Ayuso sella un acuerdo con los rectores de las universidades públicas en tiempo récord | Noticias de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido en cuestión de horas cerrar un acuerdo con los rectores de las universidades públicas que se resistía desde hace meses. La presidenta de Madrid sacrificó hace 15 días a su anterior consejero de Educación por esta demora, pero con su reemplazo ha sellado el pacto con una celeridad insospechada. Las cabezas de las universidades y Ayuso, a falta de más detalles, se han entendido a la hora de sellar financiación plurianual que, en principio, acabará con las discusiones que cada año se eternizan entre las partes.

Ayuso trata de zanjar de esta forma la mayor crisis que ha vivido en esta legislatura. Las universidades se quejaban de que están infrafinanciadas y tienen problemas para mantener los campus y hasta para pagar las nóminas de los funcionarios. El Gobierno incrementó este año un 6,5% el presupuesto, lo que suponía una financiación de más de 1.200 millones al año, pero los rectores calculan que necesitarían al menos una subida del 40%.

La cifra supera los 1.600 millones, aunque todavía no se sabe el monto exacto. La presidenta se ha involucrado “de forma muy intensa” en las negociaciones, cuentan desde Sol. Ha incluido también al portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García, además de a la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo. “Parte también tiene que ver con excelencia y calidad. Y tiene en cuenta la singularidad de cada universidad”, explican fuentes del Gobierno. “Acuerdo histórico”, repiten. La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) prepara un comunicado que verá la luz en las próximas horas.

Los escépticos prefieren esperar a los detalles antes de celebrar. Los rectores también deben pronunciarse. En cualquier caso, el acuerdo está listo. Estas discusiones con el anterior consejero, Emilio Viciana, estaban empantanadas. Viciana no estaba ni cerca de sacar adelante una ley que creara un marco al sistema de financiación, una tarea que le había encomendado Ayuso. Como vio que no avanzaba, le bajó el pulgar. El ala dura del PP también tenía a Viciana por un incompetente y crearon el clima de sospecha alrededor de una persona que precede a una destitución, la primera para un consejero en esta legislatura. La soledad del caído.

Al poner al mando a Zarzalejo, la anterior viceconsejera, parecía zanjado el asunto, pero ocurrió todo lo contrario. Dos directores de alto rango de Educación se marcharon con Viciana y tres diputados abandonaron su acta en la Asamblea, un gesto poco común en la política partidista. Esa cascada de salidas dejó algo descubierto: el consejero y su círculo, unos jóvenes sin experiencia en la gestión, estaban asesorados por un dramaturgo de carácter excéntrico que influía en la toma de decisiones, una especie de gurú sin cargo.

La revelación de EL PAÍS sorprendió incluso en Sol, donde pensaban que Antonio Castillo Algarra, que así se llama, tenía algún tipo de ascendencia en ellos, pero que ni mucho menos acumulaba ese poder en la sombra. Algarra también había tomado el control del Ballet Español de la Comunidad de Madrid sin tener experiencia en ese arte y haciéndole le vida imposible a su primer director, el prestigioso Jesús Carmona.

Lo más preocupante es que la mano de Algarra, un señor de ideas estrambóticas y hasta conspiranoicas, se reflejaban en los borradores de la nueva ley, y en decisiones como ampliar el concepto de hispanidad en las escuelas y cercenar el bilingüismo. Fuera Viciana, fuera Los Pocholos, como se conocía a este clan por su aspecto de niños de barrio rico, el PP duro se puso al mando y Zarzalejo se ha entendido con los rectores de una manera que había sido imposible hasta ahora. El Gobierno lo ha hecho a la vieja usanza, sin experimentos.

Los detalles de este acuerdo los dará a conocer Ayuso a las 13.00, la hora en la que va a ofrecer una conferencia de prensa en Sol, la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las dos partes, rectores y Gobiernos, están obligados a entenderse, pero vienen de mundos distintos y sus ideas son radicalmente opuestas.

En el Gobierno creen que en las universidades públicas manda una élite que se resiste a los cambios y no se adapta a los nuevos tiempos. Quieren impulsar un modelo en el que el dinero esté supeditado a la presentación de proyectos y evaluaciones de calidad, lo que genera mucha polémica. Por contra, los rectores temen que Ayuso tenga el plan de acabar a largo plazo con la universidad pública e imponer el sistema estadounidense, donde la parte privada tiene mucho más peso. Que la Comunidad promocione con entusiasmo la apertura de universidades privadas les pone los pelos de punta.