Emilio Viciana, caos en la gestión y tres años de negociaciones fracasadas | Noticias de Madrid

La negociación había sido un éxito. Los sindicalistas y el consejero de Isabel Díaz Ayuso habían logrado entenderse y en breve firmarían el acuerdo para rebajar las horas lectivas de los profesores. Era 2024. A ojos de los educadores, Emilio Viciana, el consejero de Educación, era un hombre de mejor talante que su antecesor, al que tenían por alguien dogmático e intransigente. En cambio, él era un técnico, un hombre cabal de trato muy correcto. “Estábamos contentos. Durante la crisis económica de 2008-2011 se subieron las horas a los profesores y ahora volvíamos al punto inicial”, recuerda una persona involucrada en esas negociaciones. Esas fueron las horas de mayor credibilidad de Viciana como político y como gestor.

Sin embargo, el acuerdo se cayó. No había dinero, dijo la consejera de Hacienda, Rocío Albert. Aquellas semanas de conversaciones no habían servido para nada. Los sindicatos leyeron el repliegue de la Comunidad de Madrid como una forma de desautorizar al consejero, que prometió algo y a la hora de la verdad tuvo que echarse atrás. Su credibilidad quedó en entredicho. Pasó a ser lo que en términos políticos se conoce como un lame duck, pato cojo, alguien al que se da por amortizado. “Viciana parecía un alma en pena”, cuenta la misma fuente. El resto de su gestión estuvo marcado por otras negociaciones que no fueron a ninguna parte, caos administrativo y un distanciamiento cada vez más grande con la presidenta que culminó con su cese, hace 15 días. Su tiempo no ha sido precisamente pacífico.

No ha ayudado tampoco que todo empezase con un enredo jurídico-administrativo que cayó en sus manos al poco de acceder al cargo. Un empresario le hizo llegar a finales de 2023 un burofax quejándose de que le debían 1,6 millones de euros por la construcción de un centro de formación profesional. Ese fue el inicio de lo que después se conocería como caso FP. El consejero, como le tocaba por ley, buscó el expediente de esa obra y encontró graves irregularidades, ya que se habían troceado las partes presupuestarias para que no se necesitase licitación. Viciana encontró un segundo expediente con los mismos problemas y los envió a la Fiscalía. ¿El problema? La responsabilidad de este asunto recaía sobre su antecesor en el cargo, Enrique Ossorio, ahora presidente en la Asamblea y de reconocida trayectora en el PP, y sobre la consejera de Hacienda que lo dejó expuesto ante los sindicatos, Albert.

Viciana actuó como debía al elevar la investigación a la fiscalía. “Pero no gustó a los duros del PP. Era como el niño que delata a otros compañeros en el colegio”, explica una fuente que vivió en primera persona la tramitación de todos estos expedientes. De no hacerlo habría cometido un delito de prevaricación, y bien lo sabía él, un servidor público con rango de técnico de la administración civil, la élite del funcionariado. “No iba a jugarse el pan de sus hijos, a arriesgarse a una sanción de por vida. No quería acusar a nadie, quería hacer lo correcto”, cuenta alguien que lo ha tratado de cerca en estos dos años y ocho meses que ha estado al frente de Educación. El caso FP sigue su curso y sus consecuencias, políticas y jurídicas, todavía están por verse.

Entre los trabajadores de la educación hay impresiones contrastadas sobre el trabajo del ahora ya exconsejero. Ha hecho mucho ruido que su nombramiento se lo aconsejara a Ayuso un dramaturgo de carácter excéntrico, Antonio Castillo Algarra, al que le encantaba influir en las decisiones que tomaban Viciana y otros cuatro jóvenes políticos que se integraron al equipo de Ayuso. Con ese factor al margen, su gestión, de acuerdo a múltiples fuentes consultadas, tiene un punto errático. Uno de los primeros problemas con los que el exconsejero tuvo que medirse fue la concesión de las becas comedor.

El curso 2023-2024 comenzó en medio de un caos administrativo, con estudiantes que pasaron los primeros meses sin poder comer debido a problemas con el sistema de concesión de las ayudas. La única solución para salir del escollo fue una medida, como dijo Viciana, “excepcional y transitoria”: la concesión de las ayudas a todos los solicitantes, más de 107.000, sin más requisito que haberla pedido a tiempo. Poco después, Viciana aprobaba que una empresa privada se encargara de la tramitación de las solicitudes. Como recuerda María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA), el sistema, lejos de mejorar las condiciones, ha mantenido los obstáculos burocráticos para las familias. Convocatorias que salen con el curso en marcha, expedientes que no se solucionan hasta final del curso o solicitudes rechazadas inexplicablemente son algunas de las quejas que siguen acarreando las becas comedor.

Se ha ido repitiendo estos días que Viciana y la gente que le rodeaba no tenían experiencia y desconocían algunos aspectos básicos del funcionamiento de las normativas. Lo confirma Isabel Galvín, profesora de la Universidad Complutense y reconocida sindicalista de CC OO. Pone de ejemplo la aplicación a nivel autonómico de la ley estatal de la Formación Profesional, creada en 2022, pero no fue hasta finales del curso 2024-2025 que los institutos de FP de la región recibieron las normativas. “Hubo normas básicas para el funcionamiento de los centros y la ordenación académica que llegaron al final del segundo trimestre del curso pasado. La FP funcionó gracias a los equipos directivos y los equipos docentes”, dice Galvín. A la falta de la normativa se unió la carencia de plazas (más de 60.000 estudiantes se quedaron sin cupo en la pública el pasado curso) durante todo el período de Viciana en el cargo y la falta de opciones para que los estudiantes de la pública puedan realizar las prácticas laborales.

Otra tarea que quedó pendiente es la legislación de los comedores en la ESO, de los que solo una veintena en toda la región cuenta con el suyo propio, añade Morillas. La mayoría del alumnado de los institutos públicos no puede recibir la comida en el centro. El borrador para esta otra normativa estaba listo y debería entrar en vigor para el siguiente curso escolar, o al menos eso le anunció el exconsejero a la FAPA, aunque nunca llegaron a leer tal documento.

Luego están otros experimentos que Viciana intentó desarrollar, aunque sin éxito. Uno de ellos fue el de la inclusión de primero y segundo de la ESO en los colegios de primaria (los llamados CEIPSO). La iniciativa quería luchar contra las bandas juveniles y prevenir del fracaso escolar, pero la falta de un estudio riguroso y unos métodos de aplicación concretos la han llevado al traste. Aunque las familias, incluyendo a las de la FAPA, vieron con mejores ojos la iniciativa, los profesores se han opuesto a este sistema por la falta de organización y las consecuencias para el alumnado. Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid (Adimad), valora el “interés en el diálogo” de Viciana, aunque reconoce que en su caso los avances fueron mínimos. “Han implantado el sistema de los CEIPSO a medias y se han ido dejándonos el problema a nosotros”, dice Rocha, que pone la mira en el siguiente curso, cuando se espera que se sumen a este sistema decenas de colegios más. “En nuestros principales problemas no ha sido resolutivo”, asegura Rocha.

Pero el gran fracaso de la gestión de Viciana fue la tramitación de la ley de Universidades, conocida como Lesuc. La ley fue un ejemplo de todas las carencias de la gestión del exconsejero. Desde el primer borrador, recuerda Galvín, mostraba la falta de rigurosidad y de conocimientos de su equipo para elaborar una ley tan delicada como esa. La normativa, en la que Ayuso depositó toda su confianza para desencallar las negociaciones con las universidades, luego tuvo que rebajar algunos de sus preceptos, como que las universidades públicas se buscaran por sí mismas el 30% de su financiación. En ese escenario, comenta la sindicalista, la Lesuc era un intento de “fijar esta infrafinanciación en la ley”, con un modelo con tres ejes: financiación básica, financiación por necesidades específicas y financiación por objetivos, por lo que se deja un gran peso de los fondos sobre los hombros de las propias universidades. Al final, no pudo. Casi todo se quedó a medias y la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, recibe todos estos encargos. Viciana es historia.