Snchez ha expulsado a casi 21.000 extranjeros irregulares desde 2019, menos del 7% de los que llegaron en este periodo
El Gobierno de Pedro Snchez ha expulsado a 20.682 extranjeros irregulares entre 2019 y 2025. Segn los balances de inmigracin irregular que publica quincenalmente el Ministerio del Interior, durante este periodo llegaron al pas 305.371 personas por esta va, por lo que el Ejecutivo habra expulsado tan solo al 6,78% de estos individuos.
As figura en una informacin remitida por el Ejecutivo al Congreso recogida por Servimedia, donde el diputado de UPN Alberto Cataln se haba interesado sobre estas expulsiones en distintas provincias desde 2019. Este ao fue el primero de presencia completa de Snchez en La Moncloa, tras su llegada al poder al lograr los votos suficientes en la mocin de censura votada en junio de 2018.
En la informacin remitida, el Ejecutivo ha asegurado que no existe actualmente un tratamiento estadstico que permita conocer con detalle cuntas rdenes de expulsin dictadas permanecen todava pendientes de ejecucin.
El Gobierno de Pedro Snchez ha expulsado a 20.682 extranjeros irregulares desde 2019, con un repunte de estas salidas desde 2020, ao de la pandemia de la covid-19, en que se produce un aumento del 85,2% entre ese ao y 2025. De esta forma, segn lo esboza el Gobierno, no es posible discriminar entre las resoluciones impuestas por va administrativa y aquellas que finalmente se materializan mediante la salida efectiva del ciudadano extranjero.
Adems, la respuesta gubernamental subraya que la ejecucin de estas salidas forzosas atiende estrictamente a los plazos de prescripcin de las sanciones establecidos en la legislacin vigente.
CADA POR LA PANDEMIA
De acuerdo con la informacin remitida a Cataln, la cifra totaliza la actividad sancionadora del Ejecutivo en materia de extranjera durante los ltimos siete ejercicios, reflejando el balance completo de las salidas forzosas ejecutadas por las Fuerzas de Seguridad en todo el territorio nacional.
Las expulsiones cayeron inicialmente de las 4.677 de 2019 a las 1.834 de 2020, aparentemente debido a la pandemia de la covid-19. Desde ese momento, la maquinaria administrativa ha recuperado su ritmo de forma progresiva, encadenando cinco aos de incrementos sostenidos hasta alcanzar los 3.398 casos registrados durante el pasado ejercicio de 2025.
En concreto, en 2021 se ejecutaron 2.025 expulsiones; 2.627 en 2022; 3.090 en 2023; 3.031 en 2024 y 3.398 en 2025. As se alcanza un total de 20.682 salidas de extranjeros irregulares durante el mandato de Snchez, segn el Ejecutivo.
La contabilidad europea, no obstante, esboza una realidad distinta. Segn Eurostat, en 2021 salieron de Espaa 4.755 personas tras haber expedido el Gobierno una orden de expulsin contra ellas (se dictaron 7.860 rdenes ese ao); 6.365 en 2022 (se dictaron 10.920); 6.285 en 2023 (frente a 10.645 expedidas) y 8.725 en 2024 (cuando se dictaron 51.030).
Sea como fuere, el procedimiento para materializar estas rdenes se rige por la Ley Orgnica 4/2000 y el reciente Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1155/2024. La Polica Nacional acta siguiendo la Instruccin 4/2023 de la Comisara de Extranjera y Fronteras, asegurando que cada actuacin policial cuente con el respaldo jurdico necesario y respete los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros afectados en el proceso.
A pesar del crecimiento constante en los ltimos aos, el total anual de 2025 todava se sita por debajo de las 4.677 expulsiones que se ejecutaron en 2019. La serie histrica facilitada por el Ministerio del Interior evidencia cmo el sistema ha tardado un lustro en aproximarse a las cifras previas a la crisis sanitaria, superando la barrera de las tres mil intervenciones anuales recientemente.
MADRID Y BARCELONA, EN CABEZA
Por provincias, la de Madrid encabeza la estadstica nacional de expulsiones con 788 realizadas en 2025, lo que supone un aumento significativo desde las 332 intervenciones reportadas en 2020. Esta regin se consolida como el principal ncleo de actividad administrativa del pas, habiendo duplicado con creces su volumen de ejecuciones en apenas cinco aos segn los datos oficiales entregados por el Gobierno al Parlamento.
Barcelona figura como la segunda provincia con mayor nmero de salidas forzosas al contabilizar 327 ejecuciones en el ltimo balance anual disponible. La capital catalana ha mantenido una tendencia de recuperacin estable tras el desplome sufrido durante el ao 2020, cuando apenas se registraron 124 casos, situndose ahora en niveles operativos muy similares a los que presentaba al inicio de la serie estadstica.
En el sur peninsular, la provincia de Mlaga cerr el pasado ejercicio con 169 intervenciones, mientras que Sevilla registr un repunte notable al alcanzar las 86 expulsiones. Ambas provincias andaluzas reflejan la disparidad en la ejecucin de estas medidas, puesto que, mientras la capital malaguea ha visto descender ligeramente sus cifras, Sevilla ha experimentado un incremento constante en sus registros durante el ltimo trienio.
CIFRAS MNIMAS EN CEUTA Y MELILLA
Valencia y Zaragoza tambin destacan entre las zonas con mayor presin administrativa, reportando 160 y 140 expulsiones respectivamente en el cierre del ciclo de 2025. Zaragoza mantiene una progresin ascendente muy marcada tras haber superado los 132 casos del ao anterior, mientras que la provincia valenciana muestra una ligera estabilizacin a la baja despus de haber alcanzado su pico mximo durante el ejercicio 2023.
El informe oficial revela una cada sin precedentes en la actividad sancionadora de las ciudades autnomas de Ceuta y Melilla respecto a los datos de 2019. Ceuta ha pasado de ejecutar 172 expulsiones antes de la pandemia a registrar solo cuatro en 2025, una cifra idntica a la de Melilla, que hace siete aos superaba las doscientas intervenciones segn el desglose pormenorizado del Ejecutivo.
En contraste, provincias como Zamora o Huesca mantienen una actividad residual con apenas tres y dos expulsiones ejecutadas, respectivamente, durante el ltimo periodo analizado por las autoridades. Estos territorios presentan una estadstica mnima que apenas ha variado a lo largo de los ltimos siete aos, reflejando una aplicacin muy limitada de estas sanciones administrativas en comparacin con las grandes capitales y ncleos urbanos.
