Ayuso nunca respondió a la petición de reforzar la investigación de otro caso de acoso sexual “grave” en Móstoles | Noticias de Madrid
La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de guardar en un cajón un caso muy grave de acoso sexual que también se ha producido en el Ayuntamiento de Móstoles. Sin embargo, por información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente permanece enterrado en Sol. En efecto, la Administración de Isabel Díaz Ayuso alertó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de que uno de los funcionarios del Estado, que trabajan a nivel local pero tienen carácter nacional, acosaba a otra trabajadora y presentó las declaraciones de cinco testigos. Era el 26 de noviembre de 2024. El 19 de diciembre, 23 días después, respondió con un oficio en el que se pedía que se ampliase la investigación y se escuchara al acusado para preservar el derecho de defensa. Desde ese momento, el caso ha quedado en punto muerto hasta hoy.
El oficio dirigido llegó a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Ayuso y allí se abrió, según ha quedado registrado GEISER, una aplicación que rastrea y certifica el envío de documentos entre administraciones. Esta nota en concreto decía así: “Este departamento ministerial carece de suficientes elementos de juicio que justifiquen la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario denunciado, por lo que al objeto de que las diligencias practicadas por el Ayuntamiento de Móstoles en el trámite de información reservada sean completadas, se procede a la devolución de la denuncia a ese Centro directivo a los efectos oportunos”.
El Ministerio argumentaba que se necesitaba “más información” para no saltarse el principio de contradicción, el derecho de las partes implicadas en un proceso a ser escuchadas. En la información que conoce este periódico se resaltaba que se había tomado la declaración “a la denunciante así como a cinco testigos nombrados por ella, compañeros de puesto de trabajo, si bien no se ha previsto la toma de declaración del denunciado”. El caso estaba construido sin el testimonio del presunto acosador porque el instructor consideraba que por el hecho de la toma declaración “podría parecer una especie de expediente disciplinario anticipado, y una condena social anticipada para el denunciado”.
Este documento fue enviado a la Consejería de Ayuso a finales de 2024. Si se tiene en cuenta la respuesta oficial que el Ayuntamiento de Móstoles, del PP, ha dado a EL PAÍS, el expediente continúa allí. “A mí no me consta que al ayuntamiento haya recibido ninguna comunicación por parte del ministerio”, insisten. El caso lo ha destapado este lunes el periódico La Razón y lo titula así: “Una denuncia de acoso sexual en Móstoles, en el cajón de Óscar López”. López es el titular de ese ministerio y a la vez secretario general del PSOE en Madrid, por lo que con mucha seguridad será el candidato que se enfrente a las urnas contra Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2027.
La información de La Razón es cierta en esencia, el caso existió, pero ignora que el Ministerio sí dio una respuesta de vuelta. El titular del periódico dio pie a que desde el Ayuntamiento de Móstoles, del PP, acusasen a López de guardar silencio “desprotegiendo a la víctima y blindando al supuesto agresor”. El portavoz de la Comunidad de Madrid y una de las personas de más confianza de Ayuso, Miguel Ángel Martín, cargó contra la “doble vara de medir” del PSOE, porque por un lado supuestamente desatendía este caso y al mismo tiempo trataba de “enfangar” el buen nombre del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
Se refiere al primer caso de acoso que sacó a la luz este periódico. Una concejala del PP denunció a Bautista por acoso sexual y laboral en los canales internos del partido, pero sus responsables máximos, Alfonso Serrano, secretario general, y Ana Millán, tercera en el escalafón, le recomendaron que no acudiese a la justicia y se zanjara el asunto. Todo eso pese a que en una reunión con la víctima se escucha decir a Millán que se trata de un caso de acoso “de manual”. La denuncia de la concejala llegó a Génova, la sede nacional del partido, donde quedó archivada.
Al desvelarse este escándalo, los socialistas criticaron con mucha dureza contra los responsables del PP y acusaron al Gobierno de Ayuso de dilatar el proceso hasta acabar con él. Ahora, el entorno de la presidenta ha usado este asunto para señalar a la entidad que dirige Óscar López de haber actuado de la misma forma. No es exactamente así. Las investigaciones no continuaron, en realidad, porque la Comunidad de Madrid no realizó ninguna actuación más
