La vctima de ‘Txeroki’ de la que tiene que mantenerse a 50 kilmetros: “Va a controlar una patrulla que cumpla la sentencia?”
El 17 de enero de 2002, Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ envi una caja envuelta con papel marrn a la casa de los padres de la periodista vasca Marisa Guerrero. Entregada por una empresa de mensajera y con un cartel de Confebask -la organizacin empresarial vasca- el paquete con casi 300 gramos de dinamita era una trampa mortal. Slo la fortuna y los reflejos de Guerrero evitaron una tragedia. La ex delegada de Antena 3 en Euskadi conoce al detalle el proceso seguido por el ex jefe de ETA para salir cada da de prisin pese a estar condenado a casi 400 aos de crcel: “La salida de la crcel de Txeroki es incomprensible, bueno no, es comprensible porque responde a los acuerdos polticos de este gobierno para que salgan de la crcel a la calle los presos de ETA, sean quienes sean”, denuncia alto y claro una de las vctimas del ex dirigente de la banda.
La concesin a Garikoitz Aspiazu de un tercer grado encubierto ha multiplicado el dolor de sus vctimas. La gran mayora se encuentra indefensa y desinformada ante la concesin del 100.2 otorgado por la administracin vasca, que desde octubre de 2021 gestiona las tres prisiones. Pero Marisa Guerrero se mantiene alerta y no est dispuesta a claudicar ante la estrategia poltica que est vaciando las crceles en una calculada estrategia de traslados, permisos, 100.2 y terceros grados para el centenar de terroristas de ETA.
“El caso de Txeroki es el ms sangrante, sin duda”, lamenta Marisa Guerrero, que ya ha comunicado formalmente tanto a la Oficina de Atencin de Vctimas del Terrorismo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria su oposicin a que el terrorista que le envi un paquete bomba pueda caminar libre por el Pas Vasco e, incluso, acercarse a su domicilio cuando tiene una orden de alejamiento de 50 kilmetros. “Se supone que la oficina de vctimas comunica a la Ertzaintza salidas de estos terroristas con condenas de alejamiento pero, va a haber una patrulla detrs de cada etarra para garantizar que cumplen las sentencias?”, advierte indignada.
Garikoitz Aspiazu abandon antes de las 8:00 horas de ayer la crcel de Martutene sin control policial ni ninguna medida de localizacin. A partir de ahora, todos los das laborables saldr de la crcel, salvo que el juez de Vigilancia Penitenciaria Jos Luis Castro lo anule. Guerrero, como el resto de las vctimas de Txeroki desconoce por qu la Junta de Tratamiento de Martutene ha concedido esta semilibertad al etarra cuando ha cumplido apenas 17 aos de los 30 de encarcelamiento.
“Las vctimas no tenemos ni voz ni voto en la concesin de estos beneficios porque la ley actual limita nuestra participacin al momento en el que se les concede la libertad condicional”, seala la periodista vasca, que denuncia el flagrante y continuo incumplimiento de la Ley de Vctimas con etarras que ni se han arrepentido, ni han pedido perdn a sus vctimas, ni han colaborado con la Justicia para esclarecer los 379 asesinatos que siguen impunes.
Txeroki habra firmado una “cartita”, como la define Guerrero, de desvinculacin del terrorismo de ETA, que redactan los abogados del autodenominado Colectivo de Presos Vascos y que junto a ex etarras como Jos Antonio Ruiz ‘Kubati’ monitorizan la puesta en libertad de los jefes de ETA que, por su sangriento historial delictivo, son los que formalmente cumplen sus condenas en las tres prisiones vascas. “Quin controla todo ese cumplimiento, no slo de los requisitos legales, sino una estricta observacin de buena conducta de la crcel? Nadie”, aclara Marisa Guerrero confirmando la opacidad con la que la consejera socialista Mara Jess San Jos facilita la concesin de beneficios penitenciarios.
“Txeroki es un estandarte de la izquierda abertzale y su supuesto abandono de la violencia es igual a cero”, constata.
