El Gobierno y el escudo social
La ministra de Vivienda, Isabel Rodrguez, defendi la prrroga del decreto de suspensin de desahucios alegando que una persona que de repente no puede pagar el alquiler porque no le da no es un okupa ni un inquiokupa: es alguien que necesita el apoyo de lo pblico para reflotar su situacin. Su intuicin es correcta.
Lo que obvia la ministra es que esta noble tarea no recaera sobre el presupuesto pblico, sino sobre los hombros de ciudadanos particulares, forzados a convertirse en proveedores involuntarios de poltica social. Lo que el gobierno presenta como un escudo social es en realidad un enjambre de escudos humanos, y por eso es cuestionable.
La poltica social en un Estado de Derecho debe articularse mediante instrumentos pblicos: impuestos, presupuestos y compensaciones. Por tanto, es injusto que se diseen polticas cuya eficacia dependa de trasladar las responsabilidades del Estado a un subconjunto cautivo de ciudadanos. Imaginemos un decreto que permitiera a las personas vulnerables llevarse alimentos del supermercado sin pagar, obligando a los comerciantes a concederles crdito indefinido porque no son ladrones, son vulnerables. La cuestin no es el objetivo, sino el mecanismo: resolver los problemas pblicos requisando bienes privados.
Sin embargo, existe un segundo problema relacionado con la legitimidad poltica que es menos obvio, pero ms profundo. Cabe presuponer una regla bsica e informal en los regmenes representativos: los polticos carecen de legitimidad para imponer una carga coercitiva a ciudadanos particulares si -presumiblemente- consideraran esa misma carga injusta si se les aplicara a ellos.
Nuestros polticos no son categricamente diferentes de los propietarios a quienes fuerzan a convertirse en escudos sociales. A diferencia de lo que ocurre entre el poltico y el soldado, las diferencias entre propietario afectado y el poltico son contingentes: ambos son civiles con derechos de propiedad. Y, sin embargo, es poco plausible que el poltico considerara justa esa imposicin si fuera el propietario afectado. Y una regla cuya justicia depende de no aplicrsela a uno mismo no es una regla de justicia. En este punto, la acusacin de demagogia es predecible. Y errnea. Porque mi argumento no es que los polticos sean malvados por no abrir sus hogares a los ms vulnerables. No es un llamamiento a la caridad personal ni al sacrificio simblico. La acusacin es ms modesta, y ms grave: mi tesis es que estn utilizando la coaccin para obligar a los ciudadanos a soportar una carga que ellos consideraran inaceptable si se invirtieran los roles. No es populismo, sino una prueba de legitimidad.
Si la vulnerabilidad es una responsabilidad colectiva, debe ser financiada colectivamente. Los polticos tienen la potestad de imponer impuestos, a los que ellos mismos estn sujetos. Lo que no tienen derecho es a convertir una tarea pblica en una obligacin privada. Y menos en una que ellos, como particulares afectados, denunciaran como injusta.
