El novio de Ayuso se opone a la pretensin de la Fiscala y Abogaca del Estado de anular la condena a Garca Ortiz
La defensa del empresario Alberto Gonzlez Amador, pareja de Isabel Daz Ayuso, ha presentado este viernes su escrito en contra de la nulidad de actuaciones defendida por la Fiscala y la Abogaca del Estado, en representacin del ex fiscal general lvaro Garca Ortiz.
En el escrito remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el letrado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza que, con la condena al ex fiscal general por un delito de revelacin de datos reservados, se hayan vulnerado los derechos de Garca Ortiz a la libertad de expresin, al principio acusatorio, a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la presuncin de inocencia y a un proceso con todas las garantas.
Gonzlez Amador sostiene que lo que propone Garca Ortiz al solicitar la nulidad de la sentencia condenatorio es tanto como admitir que “el deber de reserva (garanta de integridad de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados por la funcin jurisdiccional del Ministerio Fiscal” permite “modulaciones o injerencias en base a otro derecho inexistente: la posibilidad de airear a la opinin pblica (libertad de expresin institucional) parte o todo aquello de lo que tengan conocimiento los fiscales por el ejercicio de sus funciones, lesionando derechos fundamentales de los sometidos a su actividad jurisdiccional”.
En este sentido, la pareja de Ayuso -querellante y acusacin particular en el proceso penal- sostiene que sera ” impropio de cualquier Estado de derecho que el Ministerio Fiscal viera relevado su deber de reserva y confidencialidad en un asunto en el que estuviera interviniendo cuando tuviera entre manos un asunto de relevancia pblica, paradjico resulta tambin leer por primera vez en el procedimiento la invocacin al derecho a la libertad de expresin a ttulo individual de D. lvaro Garca Ortiz como ttulo habilitante (eximente) para protagonizar, sin condena, los hechos probados, y como lesionado, por lo mismo, por la sentencia”.
En contraposicin, tanto la Fiscala como la Abogaca del Estado han solicitado a la Sala que preside el magistrado Andrs Martnez Arrieta que anule la sentencia donde conden a Garca Ortiz a una pena de multa de 7.200 euros y la inhabilitacin especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos aos. Adems, la Sala le oblig a pagar una indemnizacin al empresario Alberto Gonzlez Amador de 10.000 euros por daos morales como responsabilidad civil.
Por su parte, Garca Ortiz ha abonado ya los 17.200 euros de la sancin econmica impuesta por el Alto Tribunal. La Unin Progresista de Fiscales (UPF) – colectivo que presidi y del que fue portavoz el ex fiscal general- lanz una campaa de colaboracin para “el abono de las responsabilidades econmicas derivadas”. Das atrs, la asociacin anunci que haba alcanzado “ntegramente el importe necesario” para pagar la sancin econmica.
