El Gobierno asegura que la regularizacin exprs no afectar a las cargas administrativas, la competencia ni los Presupuestos

«La normativa no tiene efectos sobre la competencia», «no afecta a las cargas administrativas de las empresas» ni «a los presupuestos de las Administraciones Pblicas». As lo defiende el Gobierno de Pedro Snchez en la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo de la regularizacin exprs aprobada este martes en el Consejo de Ministros tras el pacto del Ejecutivo con Podemos. A pesar de esas tres observaciones, concluye en su anlisis de impacto econmico que «se espera» uno «positivo» en virtud de «la afiliacin a la seguridad social» y la «incorporacin al mercado laboral de las personas extranjeras».

El documento, elevado a audiencia pblica junto a la propuesta de modificacin del Reglamento de Extranjera, s puntualiza que, «por razn de su trascendencia econmica«, el proyecto normativo se someter a examen por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

El Gobierno calcula que esta regularizacin beneficie a ms de medio milln de personas, por lo que el volumen de solicitudes ser grande. Segn la memoria, la tramitacin de las solicitudes va a corresponder a la Unidad de Tramitacin de Expedientes de Extranjera. Para evitar que este servicio se sature, la ministra portavoz y responsable del ramo, Elma Saiz, explic en rueda de prensa este martes que el procedimiento podra completarse de va telemtica y tambin en oficinas de la seguridad social, delegaciones y subdelegaciones.

Por otra parte la memoria subraya que la norma «se incluye dentro del ordenamiento jurdico actual en materia de extranjera», en lnea con el derecho de la Unin Europea. La realidad es que esta medida choca con el Pacto Europeo de Migracin y Asilo, aprobado por el Parlamento europeo en 2024, pero que no entrar en vigor hasta junio del presente ao.

Despeja incgnitas

El texto que propone el Ministerio de Inclusin, Seguridad Social y Migraciones despeja las incgnitas que afloraron despus de las declaraciones que hicieron la secretaria poltica y la secretaria general de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, acerca del acuerdo.

As, con respecto a los antecedentes penales «relevantes»de los que habl Montero este lunes, el proyecto normativo propone que tanto las personas solicitantes de asilo como las que no lo son debern «carecer de antecedentes penales en Espaa y en los pases anteriores en los que haya residido durante los cinco ltimos aos anteriores a la fecha de entrada en Espaa». En caso de ser cancelables, se proceder a su cancelacin.

Tambin debern acreditar no representar una amenaza para «el orden pblico, seguridad o salud pblica», «no tener prohibida la entrada» en nuestro pas y «no figurar como rechazable en el espacio territorial de pases con los que Espaa haya firmado un convenio en tal sentido». Tampoco ser admisible su solicitud si se encuentran dentro del plazo de compromiso de no retorno a Espaa.

Con «carcter excepcional», si transcurre un mes sin que el solicitante logre obtener el certificado de antecedentes penales de la autoridad correspondiente, «el Gobierno podr recabar la informacin necesaria» de donde corresponda. Si no lo logra, el interesado ser informado de ello y tendr que presentar una «declaracin responsable de inexistencia de antecedentes penales». En ese caso se entender que «el interesado carece de antecedentes».

Adems, en el caso especfico de los solicitantes de asilo, el texto propone que «la presentacin de la solicitud [de regularizacin extraordinaria] supondr la paralizacin con suspensin de cualquier plazo que est pendiente de cualquier otra solicitud de proteccin internacional».