La Unin Progresista de Fiscales pide la intervencin de la ONU ante las «irregularidades» en el juicio contra Garca Ortiz
La Unin Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia «la sucesin de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal» contra lvaro Garca Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado en el Tribunal Supremo a dos aos de inhabilitacin por un delito de revelacin de secretos contra la pareja de la presidenta madrilea, Isabel Daz Ayuso.
As lo ha comunicado este viernes la UPF en una nota de prensa, en la que afirma que los hechos observados «no son meros desacuerdos jurdicos, sino anomalas que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho».
Entre estos hechos, la asociacin remarca la «acumulacin de funciones decisivas en un crculo reducido de magistrados». En concreto, denuncia que los mismos jueces participaron en «la admisin de las querellas, la valoracin inicial de indicios, el control de la instruccin, la revisin de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento».
Asimismo, los fiscales afean que el fallo condenatorio sobre Garca Ortiz trascendiera «sin motivacin» durante semanas. Manifiestan que «ninguna justicia democrtica admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurdicos que lo explican».
Y aaden que esto «afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones».
«Instruccin con medidas invasivas»
La UPF tambin denuncia lo que consideran «una instruccin con medidas extremadamente invasivas», pues la orden de entrada y registro en la Fiscala General del Estado «incluy el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas».
Tambin apuntan a «comportamientos pblicos impropios» durante el juicio y la deliberacin. Concretamente, hablan de «intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad» y de «vnculos acadmicos recientes entre magistrados y abogados acusadores».
Adems, mencionan la existencia de «un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberacin ante una de las acusaciones populares». Se refieren a una formacin del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusacin popular en el juicio contra Garca Ortiz, en la que participaron los magistrados Andrs Martnez Arrieta -presidente del tribunal que enjuici al fiscal general-, Juan Ramn Berdugo y Antonio del Moral.
Por estas razones, piden a Satterthwaite «que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial»; «que inste al Estado espaol a revisar prcticas que puedan vulnerar estndares internacionales; y «que considere una visita oficial a Espaa, como prev su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso».
Cabe recordar que Garca Ortiz fue presidente de la UPF, asociacin que est siendo muy contundente en su crtica al fallo del Supremo y que reclama que se publique ya la sentencia completa.
El pasado 20 de noviembre, da en que se conoci la condena a Garca Ortiz, el presidente de UPF, Flix Martn, afirm que el Supremo «ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia».
