Choque entre socialistas por un peaje en Asturias: Puente critica a los polticos “desenfocados” y Barbn responde que se ve “con todas las de ganar”
La autopista de 78 kilmetros que conecta Asturias con el resto de Espaa por el sur ha provocado un choque frontal entre el Principado y el Gobierno central. El presidente autonmico, Adrin Barbn, se ha puesto a la cabeza de la exigencia de eliminacin del peaje de la AP-66, que atraviesa la Cordillera Cantbrica por el valle del Huerna, a lo que el Ejecutivo de Pedro Snchez se opone a travs de su ministro de Transportes, scar Puente, que esgrime como argumento las consecuencias econmicas y jurdicas que tendra adelantar el fin de una concesin con vigencia hasta 2050.
Precisamente en la prolongacin de esa adjudicacin para la explotacin del tramo de carretera de pago que discurre entre la localidad asturiana de Campomanes y la leonesa de Valverde de la Virgen radica discrepancia entre representantes del PSOE que defienden intereses contrapuestos. Barbn se aferra al dictamen de la Comisin Europea que concluye que el cobro “es ilegal” porque debera haberse realizado un nuevo procedimiento de licitacin en vez de aplicar una prrroga. Puente aduce, a su vez, que la resolucin “no es vinculante” y que la rescisin antes de tiempo del derecho de explotacin que posee la sociedad Aucalsa conllevara unas indemnizaciones con cuantas disparatadas.
Alrededor de 5.000 personas se manifestaron el viernes por las calles de Oviedo convocadas por la Unin Independiente de Transportistas Autnomos (Uita) y cooperativas del sector, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No y el ex diputado autonmico Daniel Ripa (Podemos), impulsor de la denuncia ante Bruselas para exigir que la autopista deje de ser de pago. La protesta fue secundada por el Ejecutivo asturiano, con el presidente en la fila por detrs de la pancarta, y -salvo por Vox– apoyada tambin por el resto de partidos con representacin en la Junta General del Principado. “Incluido el FAC [partido fundado por Francisco lvarez-Cascos, ahora Foro Asturias ya sin l]”, precisa el ministro de Transportes, lo cual, aade, es “una cosa loqusima”.
La argumentacin de Puente es que la adjudicacin de la explotacin de la AP-66 fue prorrogada hasta 2050 en 2000 -21 aos antes de que llegara su vencimiento- por el Gobierno de Jos Mara Aznar, del que formaba parte lvarez-Cascos. “Igual la agenda de los polticos asturianos est un poco desenfocada. Igual creen que esto es un asunto muy importante, pero se ve que para Cascos no lo fue porque, despus de fundar el FAC, le dieron el Gobierno de Asturias [2011-2012] a pesar de que fue l quien ampli la concesin”, subray el ex alcalde de Valladolid la semana pasada en Onda Cero.
Barbn ha dicho no darse por “aludido” por las declaraciones de su compaero de partido, que lleg a decir que “no est justificado que Asturias est con este tema en el centro del debate”. El presidente del Principado -uno de los cuatro ejecutivos autonmicos en manos del PSOE- no oculta su malestar con la posicin mantenida sobre este tema desde La Moncloa, aunque trata de sacar partido a la situacin poniendo el foco en el responsable del PP en su comunidad, lvaro Queipo, quien, a su vez, le reclama que “deje la sumisin” y negocie en Madrid la supresin del peaje. El barn socialista le ha llegado a recriminar en sede parlamentaria: “Mientras discrepo de un Gobierno de mi mismo signo poltico en el presente, usted es incapaz de discrepar de un Gobierno de su mismo signo de hace 25 aos”.
Dictamen de la Comisin Europea
“Asturias tiene todas las de ganar”, ha incidido Barbn en mltiples declaraciones pblicas en las ltimas semanas. “Esa prrroga es ilegal. No lo digo slo yo, lo dicen nuestros servicios jurdicos en base al dictamen de la Comisin Europea (…), que fue muy clara y contundente. Y eso, para nosotros, es el elemento clave y nuclear”, aade.
La Comisin Europea requiri el pasado mes de julio a Espaa que “respete las normas de la UE en materia de contratacin pblica” respecto a la ampliacin del peaje de la AP-66 y tambin del de la AP-9, que discurre entre Ferrol y la frontera portuguesa. El organismo que preside Ursula von der Leyen sostiene que estas prrrogas “constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicacin de nuevos contratos de concesin y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitacin” y amenaza con llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unin Europea.
“Si alguien nos dice de dnde sacamos los 20.000-30.000 millones de euros para rescatar las autopistas…”, se defiende, a su vez, Puente, que sostiene que aplicar una medida de este tipo “arrastrara al resto de las concesiones”. Asimismo, apunta que cuando lleg Snchez al Gobierno haba 2.400 kilmetros de vas de peaje y que ahora son 1.400, que 1.000 “se han liberado” pero a medida que las adjudicaciones han ido venciendo.
