El juez empuja a Ábalos y Koldo a confesar para evitar penas de cárcel de “importante extensión”

José Luis Ábalos y Koldo García han recibido esta semana con alivio sendos autos en los que el juez del Supremo les mantenía en libertad. Pero más allá de esa parte dispositiva final que dejaba sin tocar las medidas cautelares, el contenido de las resoluciones auguraba que ese alivio podría muy bien ser temporal. El magistrado Leopoldo Puente dibuja un panorama sombrío para el ex ministro y su mano derecha en Transportes: indicios reforzados de varios delitos que acarrean largas penas y un juicio cercano cuya proximidad puede llevar a una prisión preventiva que asegure su presencia en el banquillo.

El horizonte penal de los dos investigados se presenta unido y parece que solo podría cambiar si uno de ellos se decide a colaborar con la Justicia para disminuir considerablemente las eventuales condenas. Por el momento, ambos han vuelto a coincidir esta semana en la estrategia procesal. Ninguno de los dos aceptó dar explicaciones al juez y al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El magistrado lo interpretaba así en el auto del miércoles referido al ex ministro: «Ha preferido el Sr. Ábalos Meco acogerse a su derecho constitucional a no declarar, no aportando así explicación razonable alguna que pudiera justificar la existencia de aquellos ingresos por razones distintas de las que en este procedimiento se le atribuyen; y que, además, aparecen corroboradas, por quien ha reconocido efectuar aquellos pagos ilícitos a los Sres. García Izaguirre y Ábalos Meco».

Esta última frase hace referencia al empresario investigado Víctor de Aldama, excarcelado tras colaborar con la Justicia y que relató entregas de dinero al ministro y su ayudante en la sede de Transportes. Esta versión es la que el juez y la Fiscalía están dando por buena.

Que la situación procesal es difícil lo refleja la ruptura del ex ministro con su hasta ahora abogado, José Aníbal Álvarez, partidario de llegar a un acuerdo con Anticorrupción para atemperar una condena que se presenta difícil de eludir.

Pero hasta ahora ex ministro y asesor siguen de la mano y el magistrado instructor emplea en sus autos las mismas frases para describir la situación en la que se encuentran uno y otro. Como si fuera un reflejo de los «muy estrechos vínculos entre los patrimonios» de ambos que también destaca en sus resoluciones.

También coinciden los razonamientos sobre ellos del fiscal jefe Anticorrupción expuestos en las vistas en las que se evaluaba si se les enviaba a prisión. No se solicita la medida, pero lo cierto era que los elementos en su contra se acumulan.

Según el juez, los «sólidos» indicios de criminalidad no solo persisten, sino que aparecen «seriamente consolidados» tras el último informe de la UCO sobre la actividad patrimonial de ambos, conforme al auto dictado ayer sobre la situación procesal de Koldo García. En la resolución equivalente de la víspera sobre José Luis Ábalos, el aviso era casi idéntico: «Un nuevo informe viene a incrementar […] la existencia y robustez» de unos indicios «de singular contundencia».

Puente detecta en sus resoluciones la comisión de «uno o varios delitos de significativa gravedad» que podrían suponer en el futuro «una condena a pena o penas privativas de libertad de importante extensión». Esos delitos son los mismos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y, posiblemente, malversación de fondos públicos.

La combinación de esos elementos con un juicio que se acerca puede desembocar en la prisión provisional por alto riesgo de fuga, precisa el magistrado del caso Koldo: «El riesgo de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta creciente, conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece; y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral», indica en la resolución conocida ayer.

En la dictada tras la comparecencia de Ábalos, había dicho lo mismo, añadiendo que todo ello, «acaso, pudiera justificar, como sugirió el Excmo. Sr. Fiscal en su informe, la adopción de medidas cautelares más gravosas en lo porvenir». Las frases dejan a los dos investigados con poco margen para esquivar la prisión si llegan nuevos indicios o se avecina el final de la fase de instrucción.

En el auto de ayer, el juez destaca que el último informe de la UCO afirma que Koldo García «vendría haciéndose cargo regularmente de obligaciones económicas correspondientes al Sr. Ábalos Meco». La lista es larga: pensiones alimenticias de uno de sus hijos, ingresos injustificados en las cuentas del ex ministro, regalos u otras atenciones familiares o allegados de Ábalos, pagos a su empleada doméstica, aportaciones económicas relacionadas con la Fundación Fiadelso del ex ministro, gastos de viajes…». «Todo ello», indica el juez, «por una cantidad final de 94.883,63 euros». A eso se sumarían otros posibles pagos en favor de Ábalos, como casi 10.000 euros por el uso de un chalet en Marbella por importe de 9.800 euros o la mensualidad generada por el alquiler de una vivienda.