La Fiscala pide el archivo de la investigacin sobre Begoa Gmez y tacha de «hiptesis fabulosas» las argumentaciones del juez Peinado

La Fiscala ha vuelto a pedir el archivo de las pesquisas contra Begoa Gmez, esta vez por presunto trfico de influencias y otros delitos, por la ctedra de Transformacin Social Competitiva (TSC) que codiriga en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y supuestamente favorecer los negocios de Juan Carlos Barrabs, alegando que «la mera relacin conyugal» con el presidente del Gobierno no puede traducirse en un «prevalimiento» delictivo.

As consta en el escrito que ha presentado este lunes en el Juzgado de Instruccin Nmero 41, a cargo de Juan Carlos Peinado, con motivo de la vista que se ha celebrado para comunicar a Gmez, su asesora Cristina lvarez y Barrabs, tambin investigado, que si finalmente son juzgados por trfico de influencias, corrupcin en los negocios, apropiacin indebida e intrusismo, lo har un jurado popular.

En el escrito, el fiscal ha alegado respecto a Gmez que, «ms all de consideraciones ticas o estticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones, la mera relacin conyugal de Gmez no puede operar como una suerte de presuncin ‘iuris et de iure’ que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia penal en toda su actividad».

«Y es lo que no hemos advertido: influencia, que puede ser, directa, con rdenes e indicaciones expresas; o de forma ms indirecta –sutil, velada, sibilina, se nos dice por la jurisprudencia–, pero que debe existir y debe ponerse de manifiesto a travs de qu comportamiento, cmo, cundo, dnde, sobre quin se ha ejercido el prevalimiento», ha aseverado.

El fiscal ha subrayado en este sentido que «la mera presencia de la persona no puede ser sin ms influencia», sino que «el despliegue de esas actuaciones de ‘influencia’ o presin moral eficiente de la que habla la jurisprudencia, deben concretarse a fin de que puedan ponderarse y valorarse de cara a verificar si tienen entidad o capacidad para provocar la actuacin favorable del funcionario que ha de resolver».

A ello ha sumado que el supuesto trfico de influencia debera conllevar «la expectativa de un beneficio econmico», «beneficio o ventaja econmicamente evaluable que no ha sido determinado».

«A nuestro parecer se ha hablado de trfico de influencias con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputacin con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos», ha zanjado.

El representante del Ministerio Pblico se ha pronunciado as despus de que Peinado plasmara en la resolucin que dio lugar a esra vista que «las acciones llevadas a cabo por Gmez, derivadas de su relacin de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de trfico de influencias» y los dems.

«HIPTESIS FABULOSAS»

Sobre lvarez, ha insistido igualmente en que su imputacin tanto por esos delitos como por el de malversacin, que se investiga en una pieza separada, «no resulta justificada» porque «referir o invocar un plan o concierto delictivo ideado y orquestado con su entusiasta participacin resulta genrico, irreal, y alejado de una imputacin acorde con las garantas de defensa necesarias».

«Si decimos que no advertimos influencia ni prevalimiento en la actuacin de Gmez, menos an resulta posible atribuir y construir un delito de trfico de influencias respecto de lvarez. Y respecto al resto de delitos, lo mismo. Salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hiptesis fabulosas y ausentes de correlacin con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados», ha lanzado.

Sobre lvarez, ha reconocido que entre los aos 2018 a 2024, «con ocasin de su actividad laboral, ha acompaado a Gmez a diferentes y numerosos actos pblicos, algunos de ellos relacionados con la actividad que desarrollaba en la UCM» y que, «en dicho mbito, ha realizado actividades de intermediacin entre diferentes personas de la UCM que se relacionaban o deban relacionar con Gmez, as como con tercero patrocinadores de la CTS, sociedades y entidades que firmaron adendas de colaboracin y patrocinio con la mismas»

Sin embargo, ha reiterado que su cargo ha estado «presente en todos los gobiernos democrticos en Espaa desde 1978, en los que el cnyuge de presidente ha contado con la asistencia de, al menos, una persona con estas funciones de apoyo y con este tipo de designacin», recalcando que se trata de un puesto de confianza «con una disponibilidad permanente».

NI APROPIACIN NI INTRUSISMO

El fiscal tambin se ha detenido en el delito de apropiacin indebida que Peinado achaca a Gmez por el ‘software’ desarrollado en la ctedra de la UCM, para descartarlo igualmente enfatizando que «el nimo de lucro no ha estado presente en ningn momento en lo que a la finalidad de la utilizacin del programa se refiere, pues segn han trasmitido testigos y documentos adjuntados, persegua el desarrollo de una plataforma gratuita que permitiera a PYMES y ONG planificar y mejorar en los objetivos de desarrollo sostenible».

«Y no parece factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio, aun a pesar de la tambin exhaustiva y desorbitada indagacin sobre cuentas bancarias e informacin patrimonial de la investigada», ha deslizado.

En la misma lnea se ha pronunciado sobe el supuesto intrusismo, aduciendo que «la exigencia de una titulacin concreta para la firma de esos pliegos de prescripciones tcnicas es una cuestin que ha surgido de forma recurrente en los ltimos aos en defensa de ciertos intereses corporativos y profesionales, de forma legtima, pero controvertida».

En todo caso, ha esgrimido que, «al margen de la concurrencia de este elemento del tipo –la necesidad de aquella titulacin–, no merece la pena detenerse mucho en l cuando existe una ausencia absoluta y patente de componente doloso en la actuacin», ya que a Gmez «se le indic expresamente que lo firmara ella, desde la Gerencia Escuela de Gobierno de la UCM».

IRREGULAR PERO NO DELICTIVO

Respecto a Barrabs, el fiscal ha aludido a un reciente informe emitido por la Intervencin General de la Administracin del Estado (IGAE), respecto a dos expedientes adjudicados a su grupo empresarial que estn siendo investigados por la Fiscala Europea, para sealar que, si bien la IGAE «apreci la existencia de irregularidades e incumplimientos de la ley de contratos del Sector Pblico», se trata de «irregularidades de ndole administrativo no conducen automticamente al ilcito penal».

Al hilo, ha subrayado que «las tachas u observaciones que realiza la IGAE se concretan en un excesivo peso de la valoracin subjetiva puesta en relacin con la frmula escogida para las valoraciones objetivas, y en la necesidad de que, en estas condiciones, hubiera sido un comit de tcnicos quien hubiera llevado a cabo las valoraciones subjetivas». «Pero la frmula escogida no es singular o exclusiva de estos contratos, siendo una problemtica recurrente en otras jurisdicciones», ha asegurado.

Asimismo, ha recalcado que los contratos analizados hasta ahora por la IAGE eran «uno de Red.es y tres del Ayuntamiento de Madrid, dependiendo de administraciones de diferente signo poltico».

Tambin ha resaltado que Barrabs constituy su grupo empresarial en 2012 y que empez a contratar con el sector privado no hacindolo con la administracin pblica hasta 2016 y 2017. Hasta 2023, solo en UTE, haba alcanzando un total de 28 adjudicaciones por 22.857.805,49 euros.