De Juan Guerra a los Pujol: cuando la corrupción contagia a las familias de los políticos

15 de enero de 1991. Una fecha que el socialismo de viejo cuño tiene grabada en la memoria. El vicepresidente del Gobierno, el número dos indiscutible, el hombre que regía con puño de hierro el caminar del PSOE, el político sin piedad, Alfonso Guerra, presentaba su dimisión. La convulsión fue enorme en el Gobierno, en el partido y en la sociedad pero en realidad no fue una sorpresa. Guerra arrastraba duras críticas internas, sí, pero el descalabro final llegó por una vía secundaria: el aprovechamiento de su hermano de los recursos públicos en beneficio propio. Juan Guerra fue contratado por el PSOE como asistente en la Delegación del Gobierno en Andalucía ; se le asignó un despacho y un sueldo goloso para la época pero la picaresca se impuso. El hermanísimo del vicepresidente, como se le denominó entonces, abusó de su posición empleando tiempo y despacho para sus actividades particulares. Fue acusado y juzgado por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude fiscal, malversación, prevaricación y usurpación de funciones. Finalmente se le absolvió de todas las causas excepto de la de fraude fiscal. La condena llegó en 1995 y fue de un año de cárcel pero no entró en prisión por carecer de antecedentes.

Quien sí pagó caro los desmanes de su hermano fue Alfonso, asediado por las críticas y abrumado por el goteo incesante de informaciones, presentó su dimisión como lugarteniente de Felipe González en el Gobierno. Guerra se mantuvo no obstante como vicesecretario general del PSOE hasta 1997.

El caso Guerra ha pasado a las páginas de la democracia como el primer gran escándalo de corrupción política, aunque finalmente la Justicia no lo considerara como tal.

Familia, política, poder y abuso son conceptos que desde entonces se han entrelazado salpicando con mayor o menor gravedad a la mayoría de los partidos. Muchos se saldan con responsabilidad judicial, pero muy pocos con responsabilidades políticas.

La resistencia a responder por los abusos, a veces presuntos, a veces comprobados, que cometen los políticos y sus familiares bajo el paraguas del poder es una constante que llega hasta hoy.

Los casos de la esposa y del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reviven el caso de Juan Guerra. Aún no hay sentencias ni responsabilidad judicial que saldar pero tampoco, ni de lejos, hay señales de asunción, siquiera mínima, de responsabilidades políticas.

Entre las vicisitudes de Guerra y las de Sánchez han pasado más de tres décadas y no han sido un paréntesis. En todo este tiempo la historia de la picaresca de políticos y familiares está repleta de ejemplos.

Uno de los más graves, más impactante y mejor ocultado durante años es el caso del ex presidente de Cataluña, Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola y sus siete hijos. Todo un clan organizado para enriquecerse al amparo del poder. En noviembre comenzará el jucio por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a Hacienda y falsedad documental contra el ex presidente, Jordi Pujol, de 94 años y sus hijos. Su esposa, Marta Ferrusola, falleció en julio de 2024.

Muy importante también el caso De Miguel, que sacudió los cimientos del PNV. Consistió en una trama de cobro de comisiones ilegales organizada por tres ex dirigentes peneuvistas –Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano– y sus respectivas esposas, administradoras de la empresa pantalla que cobraba las mordidas.

Los populares se anotan varios escándalos de políticos y familiares. Es el caso de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP bajo el liderazgo de Aznar. Sepúlveda dimitió de sus cargos en 2009 tras ser imputado por malversación, cohecho y prevaricación. En 2020 entró en prisión para cumplir 14 años de condena. Por sus delitos se vio afectada la que fuera su esposa, la ex ministra de Sanidad Ana Mato, que dimitió al ser imputada como partícipe a título lucrativo. Su caso se hizo muy popular a raíz de que se le pidiera que explicara la presencia de un carísimo Jaguar en su garaje y las costosas fiestas de cumpleaños de sus hijos.

También en el ámbito de la Gürtel figuran Luis Bárcenas, ex senador y ex tesorero del PP y su mujer Rosalía Iglesias. Bárcenas se dedicó a favorecer, desde su posición política, a empresarios en concursos públicos y que posteriormente favorecían al partido. También llevaba una contabilidad B en la que aparecía el pago de presuntos sobresueldos a dirigentes del PP. Fue condenado a 29 años de prisión. Su segunda esposa, antigua telefonista de Alianza Popular, también fue condenada a 12 años de cárcel.

La lista podría extenderse mucho más con casos como el de la empresa Matsa en la que trabajaba como asesora jurídica la hija de Manuel Chaves quien, como presidente de la Junta de Andalucía, benefició a la compañía con una sustanciosa ayuda de más de 10 millones de euros. O a los problemas judiciales de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y su ya ex marido Ignacio López del Hierro. Ambos llegaron a estar imputados en el caso Kitchen, la trama urdida en 2013 para espiar a Bárcenas con el objetivo de arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP.