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El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras testificar en el Supremo: “Independientemente de mi declaración, el fiscal general va pa’lante”


Actualizado

El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo como testigo en la causa donde se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al término de su comparecencia, a respuesta de los medios de comunicación, Rodríguez ha señalado que “independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir pa’lante”.

“El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado y condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español, y con ser esto relevante el que tiene que ser juzgado en la trama de corrupción que le rodea en su familia, en su partido y en su Gobierno es el señor Sánchez“, añadió el testigo.

El jefe de Gabinete de Ayuso ha comparecido a petición de García Ortiz y ha respondido a todas las preguntas formuladas por las partes. A su salida del Alto Tribunal, Rodríguez ha admitido que él “difundió” la textualidad del correo electrónico que el fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Santo, remitió a la defensa del empresario Alberto González Amador. “El texto del fiscal señor Salto dice no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo si su cliente y usted así lo creen. Éste es el texto que yo difundo. Dicen, ¡pero es que había un mail anterior! Que yo desconocía y que el fiscal Salto tampoco cita”, remachó.

En la actualidad, el Alto Tribunal investiga quién filtró el expediente tributario de Alberto González Amador y, en concreto, quién divulgó el correo electrónico anterior, fechado el 2 de febrero de 2014, donde su abogado sostuvo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

El mail investigado por el TS

Ese mail -que el jefe de Gabinete de Ayuso ha dicho desconocer- se envió el 13 de marzo a las 21:59 horas a la cuenta de Gmail del fiscal general procedente de la cuenta de correo oficial de la jefatura provincial de Madrid.

Fue la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por revelación de secretos, quien pidió al fiscal Salto, los correos intercambiados con la defensa de González Amador, como refleja la cadena de mails que acompaña a esta información. Esa noche, Salto se encontraba en un partido de Champions y lo “sacaron del estadio”. A las 21.54 de ese día, Rodríguez preguntó por WhatsApp a García Ortiz “a qué correo” le envía “los correos cruzados de Julián y el abogado” de Alberto González Amador. El fiscal general del Estado le responde indicándole su cuenta de correo personal. Cuando la fiscal jefe fue preguntada en el TSJM por el motivo de remitir esa información oficial al mail personal de García Ortiz, Rodríguez se acogió a su derecho a no declarar.

Ambos fiscales están siendo investigados por un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código Penal. El citado artículo sostiene que “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”, pero si de la revelación “resultara grave daño para la causa pública o para tercero”, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial por tiempo de tres a cinco años.

Además, en el Código Penal se recoge que si “se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. Es decir, tanto García Ortiz como Rodríguez pueden enfrentarse hasta a cuatro años de cárcel, además de perder la condición de fiscales.





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