Una amplia red de empresas emerge tras los detenidos junto al jefe policial que emparedó millones de euros | Noticias de Madrid

Los investigadores que acorralan a Óscar S. G., el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detenido con varios millones de euros emparedados en su casa, centran parte de su trabajo en escudriñar las cuentas, el patrimonio y las empresas del resto de los presuntos integrantes de esta trama de narcotráfico y blanqueo. Una amplia red societaria emerge tras los 14 arrestados junto al mando policial, según los datos del registro mercantil, donde consta la vinculación de los encarcelados con distintos tipos de compañías, desde inmobiliarias y empresas hortofrutícolas hasta administraciones de lotería.

Después de que el juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ordenase el pasado 8 de noviembre el ingreso en prisión de los 15 arrestados —entre los que se encuentran, además del jefe de la UDEF, su esposa (también policía) y su cuñada—, las pesquisas siguen su camino. El magistrado Francisco de Jorge ha decidido mantener el secreto del sumario y, según fuentes cercanas al caso, los agentes trabajan ahora en el volcado y en el análisis de los dispositivos electrónicos requisados durante los registros. También tratan de averiguar a qué nivel de información llegó a acceder el inspector jefe y en cuántas operaciones pudo influir. Y, a su vez, los investigadores indagan en los movimientos de dinero de la trama.

En esta línea, las miradas se dirigen a las empresas que brotan tras los detenidos, así como a las inversiones que pudieron hacer en España y en el extranjero. Según fuentes jurídicas, entre los arrestados se encuentran blanqueadores de las ingentes cantidades de efectivo que amasaban. Los agentes especializados presumen que algunos de los implicados también tendrían el papel de testaferros: es decir, prestaban sus datos para figurar como dueños de las sociedades, pero estas pertenecían en realidad a los verdaderos capos del entramado bajo sospecha.

Tras el estallido de la operación policial, los 15 capturados han sido repartidos por varias prisiones. El inspector Óscar S. G. y su esposa, Noelia R., entre otros, fueron conducidos a la cárcel de Estremera. Allí hay un módulo específico para agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según varias fuentes, al menos otros siete ―todos ellos de nacionalidad española y de edades entre 27 y 55 años― ingresaron en el centro penitenciario de Soto del Real: entre ellos, Ildefonso C. R.; Antonio B. R.; e Ignacio T. D.

Según los datos del registro, un grupo de los presuntos integrantes del entramado se encuentra vinculado a cerca de una veintena de mercantiles radicadas en diferentes puntos de España —principalmente en la Comunidad de Madrid—, en las que varios de ellos ostentan cargos, como administradores o socios. La mayoría de estas sociedades se crearon o adquirieron en los últimos seis años.

Ildefonso. C. R., por ejemplo, está relacionado con casi una decena de empresas de sectores muy diversos, como la gestión de servicios inmobiliarios, una administración de lotería de Madrid y una compañía de VTC con sede en Puente de Vallecas con la que está presuntamente vinculada la esposa del inspector jefe detenido. Según fuentes policiales, las 70 licencias de VTC que fueron intervenidas a nombre de las familiares del mando policial de la UDEF daban al año unos 2,5 millones de beneficios.

Muchas de las empresas que figuran a nombre de los encarcelados no tienen página web y algunos de sus teléfonos no existen o están fuera de servicio, como ha comprobado este periódico. Este es el caso de una empresa de Ignacio T. D. especializada en gestión de la reputación y con domicilio en Madrid capital, según los registros mercantiles, y otra a nombre de Ildefonso C. R., con sede en Alcorcón (Madrid).

Un tipo gris

La investigación de la Audiencia Nacional se mantiene abierta por los delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Los agentes creen que los narcos implicados, gracias a sus colaboradores, llevaban años introduciendo la mercancía ilegal en Europa a través de España. El jefe policial arrestado, al que la prensa ha apodado como El Anodino por cómo lo describen sus compañeros (como un tipo gris e introvertido), hizo honor a este apelativo y se mantuvo hierático durante el registro y su posterior puesta a disposición ante el juez De Jorge. Según fuentes cercanas al caso, este agente tenía un papel principal en la red bajo sospecha, ya que facilitaba la entrada de los estupefacientes y proporcionaba información a los narcos.

En la desarticulación de este entramado confluyen, además, tres investigaciones: una de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, bautizada Augur; otra llamada Machala y desarrollada en Algeciras, que permitió interceptar en el puerto de la ciudad gaditana un contenedor con 13.000 kilos de cocaína, el mayor alijo aprehendido en España; y otra de la Brigada Central de Estupefacientes, cuyo nombre aún no ha trascendido. El pasado junio, la Fiscalía Antidroga presentó en la Audiencia Nacional la querella que judicializó las pesquisas que acabaron con el arresto del inspector jefe.

Una empresa de fruta

El nombre de otra empresa adquiere protagonismo en esta historia: Abadix Fruits, dedicada a la importación de fruta, radicada en Alicante y propiedad de un matrimonio que se encuentra en busca y captura. La pareja logró escapar antes de que la policía entrara en sus propiedades al vincularlos con el enorme alijo de cocaína aprehendido en Algeciras. Según fuentes del caso, el contenedor interceptado partió de Colombia, recaló en Ecuador y llegó al puerto gaditano el 14 de octubre. La droga iba escondida en un doble fondo, camuflada por cajas de plátanos.

Esta intervención en Algeciras refleja la ruta habitual de mucha de la droga que llega a Europa en los últimos años. De hecho, en agosto fue interceptado el anterior mayor alijo de la historia de España, ocho toneladas, que también llegaron al puerto gaditano en un contenedor de bananas provenientes del mismo punto de Ecuador. En aquel momento, los agentes revelaron que la empresa pantalla de bananas tenía “algún contacto en España”.