La Abogaca del Estado recurre la imputacin del fiscal general por la filtracin de datos reservados del novio de Ayuso
La Abogaca del Estado ha recurrido la imputacin del fiscal general del Estado, lvaro Garca Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodrguez, por un delito de revelacin de secretos por la presunta filtracin de datos confidenciales del novio de Isabel Daz Ayuso.
En el recurso de splica presentado ante la Sala de lo Penal que decidi por unanimidad el pasado 16 de octubre abrir una causa penal a Garca Ortiz, los servicios jurdicos del Gobierno sostienen que los indicios valorados por el Supremo no eran suficientes para investigar al mximo responsable del Ministerio Pblico por la difusin de los correos electrnicos intercambiados entre la Fiscala Provincial de Madrid y la defensa del empresario Alberto Gonzlez Amador.
“La Sala a la que me dirijo parte de la errnea premisa de que mi mandante, el fiscal general del Estado, tena acceso a los correos de 2 de febrero de 2024, y es eso lo que se eleva a indicio suficiente para abrir causa frente a ella y aquel por un presunto delito de revelacin de secretos. A resultas de lo expuesto y que es reflejo de lo incorporado a las presentes actuaciones, se advierte que ese indicio es de mnimo poder incriminador, si resulta que en realidad, los correos de referencia estaban en poder del afectado, de su defensa, de “la Fiscala” y de mltiples medios de comunicacin que dijeron ser informados por la defensa del querellante”, sostiene el abogado del Estado, en el recurso al que ha tenido acceso este peridico.
En concreto, en el recurso, la Abogaca alude a la informacin de EL MUNDO donde se desvel en primicia que el novio de Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsedad documental, estaba negociando un pacto de conformidad con el fiscal de Delitos Econmicos de Madrid, Julin Salto. “Al menos un medio de comunicacin, EL MUNDO, ya dispona de este contenido con anterioridad a la remisin de los correos por el fiscal Julin Salto a la fiscal Pilar Rodrguez Fernndez por lo tanto, el indicio inculpatorio, que fundamenta la decisin de iniciar una investigacin respecto a mi mandante”, en referencia al fiscal general.
No obstante, a Abogaca del Estado obvia que este peridico inform de que el fiscal Salto se haba abierto a alcanzar un pacto de conformidad con Gonzlez Amador (el mail publicado sostena aunque se ha denunciado tambin a otras personas, no ser obstculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible, dijo el fiscal de Madrid) pero, en ningn caso, se trataba del correo electrnica donde la pareja de Ayuso reconoci la comisin de dos delitos fiscales y que, en palabras del Supremo, cuya divulgacin pudo afectar al derecho de defensa y la presuncin de inocencia del investigado.
En la filtracin de ese segundo correo es donde se centra en la actualidad la instruccin del magistrado de la Sala de lo Penal, ngel Hurtado.
En contraposicin, la Abogaca del Estado subraya que, “sin entrar en lo especulativo o hipottico”, no puede advertirse “un posible perjuicio al derecho de defensa de Alberto Gonzlez Amador” cuando “es precisamente la defensa la que provey a medios de comunicacin, entonces y despus, especulaciones y supuestas informaciones relativas a eventuales conformidades -mediante acuerdos no solo con la Fiscala-, en un uso abusivo del derecho de defensa, ms bien”.
Con esta tesis, los servicios jurdicos del Gobierno argumentan que “no se ha podido alcanzar el nivel indiciario cualificado exigido para acordar la apertura de una investigacin” y pide a la Sala que preside Manuel Marchena que archive la causa abierta a Garca Ortiz.
