Un informe alerta de que la empresa clave para el saqueo del Canal de Isabel II está al borde de la quiebra | Noticias de Madrid
Emissao, la compañía clave para el saqueo del Canal de Isabel II que se investiga en el caso Lezo de corrupción, está al borde de la quiebra. Mientras el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras seis personas están a la espera de juicio por presuntamente haberse repartido cuatro millones de euros en mordidas logradas a través del sobreprecio pagado por su compra, la empresa que está en el corazón de la trama se enfrenta a “una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la Compañía para continuar en operación”.
Así lo reflejan dos auditorías entregadas por Ernst & Young al gobierno regional, que preside Isabel Díaz Ayuso, y a las que accedió EL PAÍS. El doble diagnóstico, que atañe a una empresa participada de forma indirecta por la Comunidad de Madrid en más de un 50%, y abocada ahora a mantener “una estructura mínima”, retrata el fiasco de una operación marcada por la ambición, el dinero y las mordidas en la expansión internacional del Canal de Isabel II.
“El proceso de compra de Emissao; desarrollado entre los años 2012 y 2014, estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe de entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición, de acuerdo con el plan ideado por los investigados (…) quienes habían pactado repartirse 5,4 millones de dólares ―aproximadamente cuatro millones de euros― en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio”. Quien resume así lo ocurrido no es un político de la oposición de izquierdas, ni un enemigo personal del expresidente González, que fue en su día la mano derecha de Esperanza Aguirre. El relato aparece negro sobre blanco en un auto judicial de 2019 sobre esta pieza del caso Lezo, en la que se señala como presuntos muñidores de la trama al antiguo barón del PP; a su amigo y presunto testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue presidente de Inassa, otra sociedad pública que participó en la operación; a Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta; y a otras cuatro personas.
“El inicio de este proceso se sitúa entre los meses de octubre y noviembre de 2012, cuando el investigado Luis Vicente Moro, conociendo que el grupo Essentium para el que trabajaba estaba negociando la compra del 80% de Emissao, propuso al investigado Jaime Ignacio González que, aprovechando el alto cargo que ostentaba en la Comunidad de Madrid, hiciera lo necesario para que el ente público Canal Gestión adquiriese ese 80% de la sociedad Emissao conjuntamente con la sociedad Essentium, pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales”, describe el auto judicial.
“Esa proposición fue aceptada”, sigue el documento, que especifica: “Todo ello se llevaría a cabo bajo la permanente supervisión y vigilancia del investigado Jaime Ignacio González, quien fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás”.
Dio igual, según el auto, que un informe alertara de las “graves deficiencias” en la información financiera suministrada sobre la compañía, de su sobrevaloración, o del consecuente sobreprecio que se iba a pagar, en el entorno de los 27 millones de euros. Tampoco importó que se recomendara una evaluación más profunda, como se lee en este documento. El 80% de la compañía fue adquirido por 30 millones de euros. Por todo ello, la Fiscalía vio la presunta comisión de delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado, acusación que aún está pendiente de juicio.
En paralelo, casi un decenio después, la compañía languidece. Así, los auditores incluyen en dos trabajos distintos ―uno sobre las cuentas individuales de la compañía y otro sobre las consolidadas―un párrafo que titulan Incertidumbre Material Relacionada con la Continuidad Operativa. En ambos casos coincide el mensaje clave: “Señalan la existencia de una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la compañía para continuar operativa”.
¿Qué ha ocurrido? “La compañía no ha firmado nuevos contratos de servicios debido a una serie de obstáculos, para los cuales la compañía, sus asesores legales y sus accionistas están evaluando las soluciones adecuadas”, se lee en la documentación. “Durante 2024 la compañía mantendrá una estructura mínima, contando con el apoyo financiero del grupo empresarial al que pertenece para cumplir con los compromisos y obligaciones, de acuerdo con las proyecciones realizadas para este periodo”, se añade.
Así, la propia empresa aduce como parte del problema una cantidad de facturas sin cobrar. “A raíz de la crisis económica/social/política de Brasil, y debido a que una de las medidas adoptadas por el Gobierno para disminuir la brecha del déficit fiscal fue recortar el gasto público”, argumenta, ha quedado afectada, “la disponibilidad de los recursos de las entidades estatales (…) que son los principales clientes de Emissao”.
De esta manera, mientras González espera juicio por esta pieza del caso Lezo, la empresa que disparó presuntamente la codicia de casi una decena de personas se ahoga en dificultades financieras.
