La Audiencia cita a declarar como imputados al ‘número dos’ de Interior con el PP y a otros cinco mandos policiales por la supuesta investigación a Podemos
Parte de la cúpula del Ministerio del Interior investigada por el caso Kitchen afronta una nueva causa en la Audiencia Nacional, esta vez por supuestas investigaciones ilegales a Podemos. El juez Santiago Pedraz ha acordado citar como investigados al ex secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez, al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y a otros cuatro ex cargos policiales por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían producido sobre cargos de Podemos.
El magistrado cita para el 28 de octubre a Francisco Martínez y a Enrique García Castaño -ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía-, al día siguiente a Eugenio Fernández Pino y a José Ángel Fuentes Gago. El 6 de noviembre comparecerán ante el magistrado el comisario Andrés Gómez Gordo y el ex jefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira.
En su escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 admite, además, la práctica de las testificales solicitadas por Podemos, que fue quien presentó la querella que está en el origen de la investigación.
La formación reclamaba que también se investigara al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, algo que fue rechazado por el juez instructor y ratificado por la Sala de lo Penal. Lo mismo sucedió con el ex director de la Policía Ignacio Cosidó.
La querella consideraba que se habían cometido delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el juez descartó su comisión.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados -bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad- “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”, según informa Europa Press.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
