El infierno de los menores maltratados en Ateca: “No ingiri alimento durante das y lleg a defecarse encima por miedo”
En Ateca, una localidad de 1.700 habitantes de la provincia de Zaragoza, cuatro de los trabajadores del centro de menores, bajo el consentimiento de su director, ejercieron fuertes torturas y agresiones sobre varios de los internos, lo que ha provocado su detencin y su ingreso en prisin sin fianza.
As lo ha decretado la jueza del juzgado de Instruccin n2 de Calatayud, quien est dirigiendo el caso, tras considerar la declaracin de dos los menores internos, una chica de 17 aos y otro de 16, que han relatado “de forma clara y detallada episodios de maltrato fsico y psicolgico, as como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia era conocedor el detenido (en referencia al director)”.
Sobre dicho maltrato, el varn relata que “le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingiri alimento durante das y que lleg a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse”. Por su parte, la chica cuenta que “desde su llegada al centro en el ao 2021, la insultaban y le hacan comentarios de carcter sexual acerca de su madre, la agredan injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas“, algo que la magistrada ha podido constatar al ver las marcas de las quemaduras.
Estos hechos eran realizados por los cuatro trabajadores detenidos, de los que dos de ellos “no tenan cualificacin ni titulacin”, y bajo el consentimiento del director de la instalacin, sobre el que ambos menores han declarado que “desde su ingreso, tuvo sobre ellos una actitud de despreocupacin absoluta, ya que nunca llev a cabo correcciones ni sanciones a los trabajadores, pese a las quejas del resto del personal y sus advertencias”. Adems, uno de los enfermeros revela que el detenido le lleg a solicitar que hiciera un informe falso sobre el estado fsico de uno de los menores.
Para la instructora, esta actitud del director “supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situacin de exclusin familiar y social, como personal de un servicio pblico”, por lo que considera como un cooperador necesario de un delito de integridad moral.
Adems, la jueza asume estos hechos como “una clara muestra de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores, vindose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y a no ser credos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que “nadie les creera” y que “no los queran ni sus familias”“.
El centro ha sido cerrado de manera provisional y el Gobierno de Aragn trabaja para planificar la reubicacin de los menores en otras instalaciones de la regin. “Todas las acciones llevadas a cabo en las ltimas horas y las que se estn realizando ya tienen como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que estn bajo la guardia y custodia de la Administracin”, explican desde el Ejecutivo.
