33 aos de aquel Citren BX en Ferraz: las visitas de agentes a las sedes de los partidos acaban en condena
El registro simultneo, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la sede oficial del PSOE en la calle Ferraz y las oficinas de Adif, el Ministerio de Transportes y la Direccin General de Carreteras ayer en Madrid no es la primera vez que ocurre. En las ltimas dcadas, varias investigaciones judiciales han puesto el foco en estos edificios que, ms que centros neurlgicos del poder poltico bien entendido, han acabado siendo epicentros de la financiacin ilegal y corrupcin espaola.
Aldama, Jose Luis balos, Santos Cerdn o Koldo Garca son algunos de los nombres que han desatado la nueva tormenta de sospechas y escndalos en torno al PSOE. Pero no es la nica vez que, en medio de promesas de regeneracin democrtica, a los socialistas les salpica el barro y los agentes buscan pruebas en el lodazal de su sede.
En noviembre de 1992, una comisin judicial montada en un Citren BX irrumpi en el nmero 70 de la calle Ferraz con una orden de entrada y registro firmada por el juez instructor Marino Barbero. Las sospechas de una financiacin irregular, tejida a travs de un entramado de empresas como Filesa, Malesa y Time Export, haban puesto en el punto de mira la sede del PSOE. Aquellas compaas, que supuestamente ofrecan asesoras a bancos y grandes firmas, cobraron cientos de millones de pesetas por informes que jams existieron. El dinero, segn la investigacin, termin alimentando la maquinaria electoral socialista de 1989. Durante siete horas, los agentes revisaron cada rincn en busca de actas contables de los aos clave, 1989 y 1990.
Agentes en la sede central del PP el 20 de noviembre de 2013.
El desenlace lleg el 28 de octubre de 1997. La Sala Segunda del Tribunal Supremo dict sentencia: Josep Maria Sala, Carlos Navarro, Ada lvarez y Miguel Guillermo Molledo fueron condenados por falsedad documental y asociacin ilcita en llamado caso Filesa.
No slo las puertas de Ferraz han sido abiertas para buscar las vergenzas del poder. En Gnova 13 tambin reconocen el eco de los pasos de los agentes. La noche del 19 de noviembre de 2013, la sede nacional del PP fue registrada por la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) de la Polica Nacional por orden del juez Pablo Ruz, en pleno desarrollo del caso Brcenas. El registro buscaba facturas o cualquier rastro documental de la reforma del edificio, llevada a cabo por la empresa Unifica, y que, segn las investigaciones, se habra pagado con dinero opaco procedente de la caja B del partido.
En 2021, la Audiencia Nacional conden a dos aos de crcel al ex tesorero popular Luis Brcenas por abonar a la empresa Unifica una cantidad de 1.072.000 euros por las obras de Gnova, al margen de la facturacin y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pblica. La Sala lo consider cooperador necesario en un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pblica. La condena incluy adems una multa de 1,2 millones de euros.
Los registros judiciales no son un fenmeno exclusivo de Madrid. En Barcelona, templo poltico del nacionalismo cataln tambin se abrieron las puertas del poder ante el avance de las investigaciones. Pocas cadas han sido tan simblicas como las de la familia Pujol y el despeamiento de la histrica Convergncia Democrtica de Catalunya (CDC). Dos escndalos -el caso Palau y caso 3%– dinamitaron la imagen de pulcritud institucional que haba acompaado durante dcadas a su sede de la calle Crsega, nmero 331.
La Guardia Civil sale de la sede de CDC en agosto de 2015.EFE
La visita del grupo 24 de la brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Econmica y Fiscal (UDEF) de la Polica Nacional se materializ en febrero de 2012 en un informe que apuntaba que el partido cataln poda haber cobrado comisiones ilcitas de la empresa Ferrovial. Segn los agentes, el dinero era canalizado a travs de fundaciones afines al partido, como Trias Fargas o Frum Barcelona, que operaban bajo una lgica de caja nica.
La investigacin puso en la diana a los tesoreros Andreu Viloca y Daniel Oscar, y a los responsables financieros de la formacin. Aos despus, el Tribunal Supremo impuso a CDC una multa de 6,6 millones de euros en el marco del caso Palau y conden al mximo responsable del Palau de la Msica Flix Millet, su nmero dosJordi Montull y al propio Oscar a penas de entre tres y nueve aos de prisin.
Pero el escndalo no termin all. En 2005, surgieron indicios de otro entramado: el cobro sistemtico de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pblica por parte de la Generalitat. El caso -conocido como el del 3%- fue archivado y reabierto una dcada ms tarde, en 2015. Aunque no termin en condenas firmes, la Fiscala Anticorrupcin lleg a pedir ms de 20 aos de crcel para los principales acusados y una multa de tres millones de euros para el PDeCAT, heredero de CDC, por haber mantenido durante aos una estrategia de financiacin irregular.
